Córdoba es la provincia andaluza que registra más agresiones a guardias civiles desde 2020

Se disparan las agresiones a guardias civiles en la provincia de Córdoba, que es la provincia andaluza en la que se han producido más casos durante los últimos cinco años, según los datos oficiales obtenidos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Durante el período de 2020 a 2024 se produjeron 340 agresiones a guardias civiles en la provincia de Córdoba, muy por encima de todas las demás provincias andaluzas: 263 en Almería, 223 en Cádiz, 157 en Málaga y Jaén, 149 en Sevilla, 116 en Granada y 49 en Huelva.

De hecho, excepto en 2023, la provincia cordobesa es la que registra más casos en todos esos años, y ello a pesar de que es la que cuenta con menos guardias civiles desde hace mucho tiempo, como AUGC viene denunciando continuamente.

Pero además, el problema se va agravando progresivamente, porque las agresiones a guardias civiles no han dejado de crecer durante los últimos cinco años en la provincia de Córdoba, pasando de 59 en 2020 a 105 en 2024, lo cual supone un escandaloso incremento del 78%, superior al crecimiento total en Andalucía, que ya de por sí es también muy preocupante, al haber subido un 63% estos casos.

Las agresiones registradas en esta provincia durante esos cinco años han conllevado que 134 agentes sufran lesiones, de los cuales 43 han causado baja médica como consecuencia de ello. El número de guardias civiles lesionados por agresión se cuadruplicó en 2024 respecto al año anterior, pasando de 13 a 51 en la provincia de Córdoba.

A pesar de estos datos tan contundentes, la AUGC considera “indignante” que el ministerio del Interior y el Gobierno sigan sin reconocer a los guardias civiles y a los policías nacionales como profesión de riesgo, condición que tienen los ertzainas desde 2009, los policías locales desde 2019 y los mossos y policías forales desde 2022, por no hablar de muchas otras profesiones que también se consideran de riesgo. Los guardias civiles y policías nacionales están hartos ya de que les discriminen, no solo en este aspecto, sino también salarialmente.

“Además, para atajar esta situación es necesario que se agraven las penas para esos delitos, así como que se incremente la protección jurídica de los guardias civiles, que se les dote de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales, y que se incremente mucho la plantilla de la Guardia Civil en esta provincia, porque ya se acumulan más de 200 vacantes sin cubrir, con patrullas desbordadas que deben atender a varias poblaciones a la vez y que carecen de apoyos cercanos. La situación en la calle evoluciona continuamente a peor y los agentes se convierten en blanco de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredirles, amenazarles e insultarles, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores”, señala el sindicato.