Viuda y expoliada: así saqueó Franco a la esposa del doctor Romera
La mañana del 6 de agosto de 1936 el diario Guión amaneció con un titular a seis columnas. “La sensacional noticia de esta madrugada”, anunciaba en el antetítulo. “El tristemente famoso Dr. Romera y el exalcalde de Córdoba, Manuel Sánchez Badajoz, han sido detenidos a las tres de la mañana en la huerta Los Aldabones”, informaba el diario conservador, fundado meses antes del golpe de Estado.
Habían transcurrido 19 días desde el levantamiento militar y, en un reportaje profuso en detalles, Guión relató cómo había sido localizado el escondite del regidor democrático cordobés, junto con el “funesto personaje marxista” Vicente Martín Romera y los concejales Pedro León y Francisco Copado.
Los tres primeros fueron sorprendidos de madrugada en un dormitorio de la huerta cercana a la Ronda del Marrubial, propiedad del bombero José Díaz, mientras que el edil Copado fue detenido en el pozo. El periódico no ahorró en adjetivos para calificar a los representantes electos de la primera experiencia democrática en la historia de España. Los acusó de “envenenar a las masas con sus criminales predicaciones” y de ser los “causantes de la ruina moral y material de Córdoba”.
Con Vicente Martín Romera, prestigioso cirujano de la Beneficencia Provincial y conocido como médico de los pobres, se empleó con saña. “Romera tenía dinero por todas partes”, señaló el redactor de Guión. Y añadió: “El camarada que predicaba la hoz para el cuello de los ricos tenía una fortuna en dinero contante y sonante. En uno de los bolsillos de la americana tenía 400 pesetas”.
El doctor Romera fue multado con 125.000 pesetas por 'rojo', que abonó su viuda en 1941
El médico fue fusilado dos días después junto al alcalde y los concejales. La insistencia del periódico golpista en la situación económica del cirujano resultó premonitoria. El doctor diputado socialista por Córdoba no solo fue ejecutado sino que todos sus bienes fueron embargados y además sometido a una cuantiosa multa de 125.000 pesetas, a la que tuvo que hacer frente su viuda, Emilia Simón.
Su casa de la calle María Cristina fue desvalijada por milicianos falangistas, según afirma su sobrino bisnieto Pascual Martín Blanco, citando a un libro de memorias escritas por Carmelo Casaño en 1984. Y todo su material médico fue requisado días después por las nuevas autoridades, aunque disfrazado de “donación” de la viuda.
Así lo relata Pascual Martín Blanco en El médico de los pobres, la biografía del hermano de su bisabuelo publicada en el año 2019 por la editorial cordobesa Utopía. La donación “evidentemente forzada” se produjo el 19 de agosto al Hospital Militar. El inventario, según enumera Pascual Martín a Cordópolis, incluía un aparato de rayos X, un colposcopio, un tubo Coolidge, una mesa de operaciones y múltiples accesorios médicos muy avanzados para la época.
La propia viuda lo relató en una carta autógrafa aportada por el historiador Manuel Morente Díaz en su trabajo de investigación La mala semilla. “Disponiendo de muchos, modernos, costosos y en buen uso, que ya no han de tener por desgracia mía, aplicación efectiva en mi hogar deshecho por el infortunio...”, lamenta Emilia Simón. Su biblioteca particular también fue usurpada, “quizás destruida”, asegura Morente Díaz.
A la sangrienta represión franquista se le sumó el expolio económico que sufrieron las víctimas. Ya desde comienzos de la Guerra Civil, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes se apropiaba sistemáticamente de las pertenencias de los represaliados. A partir de febrero de 1939, con la Ley de Responsabilidades Políticas, los vencidos no solo fueron castigados por conductas anteriores a su promulgación sino que se sistematizó la represión patrimonial.
El historiador Antonio Barragán ha estudiado detalladamente sus devastadoras consecuencias en la provincia de Córdoba, donde afectó a unos 10.500 ciudadanos. “En Andalucía la ley fue un fracaso económico porque la inmensa mayoría de los represaliados eran trabajadores sin patrimonio y se les imponían multas simbólicas de 50 o 100 pesetas”, argumenta. “Sin embargo, desde el punto de vista del control social, sirvió para construir pueblo a pueblo un censo exhaustivo de rojos sometidos a vigilancia continua”.
En su libro Control social y responsabilidades políticas. Córdoba (1936-1945) despliega un análisis exhaustivo del sistema de incautaciones y multasen muchos casos extremadamente gravosas que se impusieron a los vencidos incluso después de fusilados. El doctor Vicente Martín Romera encabezó la sanción más alta aplicada en Córdoba: 125.000 pesetas. La cifra era verdaderamente astronómica si tenemos en cuenta que el salario medio de un maestro o un funcionario en 1936 no superaba las 400 pesetas al mes o que un piso céntrico costaba entonces poco más de 15.000 pesetas.
Las multas no se extinguían tras el fusilamiento de la víctima, sino que la deuda recaía sobre sus herederos. Emilia Simón tuvo que hacer frente a la disparatada cuantía que le impusieron las autoridades franquistas tras ejecutar a su marido. Natural de Zaragoza e hija del director del Banco de España en Córdoba, logró pagar la suma seis años después, según figura en el Boletín Oficial de la Provincia del 23 de mayo de 1941.
En Andalucía la ley fue un fracaso económico porque la inmensa mayoría de los represaliados eran trabajadores sin patrimonio
La notificación confirmaba que había sido “satisfecha la cantidad de 125.000 pesetas” impuesta al doctor Romera y que, por consiguiente, se alzaban “cuantos embargos, trabas y medidas precautorias se hubieren adoptado contra sus bienes”. Se desconoce qué inmuebles o propiedades fueron desbloqueadas tras el pago de la onerosa sanción. Ni siquiera Pascual Martín dispone de ese dato. “Tenían el piso, pero no sé si era en propiedad. Y también la clínica”. Emilia Simón abandonó Córdoba de forma inmediata y se estableció en Linares, donde contaba con redes familiares. Falleció en 1976 en la localidad jiennense y fue enterrada en el panteón que la familia Simón mantiene en un cementerio cordobés.
La multa de Vicente Martín Romera fue la más alta impuesta en la provincia de Córdoba, según recoge Antonio Barragán en su trabajo de investigación. Casi triplicaba la sanción del exalcalde Rafael Baquerizo (50.000 pesetas) y superaba de largo la de Hilario Montoso (20.000 pesetas) y José Alcalde (15.000 pesetas). El listado de represaliados económicos es interminable. El expresidente de la República Niceto Alcalá Zamora recibió una multa extremadamente desmesurada (25 millones de pesetas), que fue rebajada posteriormente a 3 millones. Según certifica Barragán, sus herederos acabaron pagando 1,2 millones. El historiador no incluye a Alcalá Zamora en el listado de los cordobeses porque su proceso fue instruido por instancias superiores.
Antonio Barragán ha estudiado a fondo la Ley de Responsabilidades Políticas y la incautación de bienes. “El seguimiento es sumamente complejo porque la inmensa mayoría de los expedientes provinciales se han perdido, se destruyeron o están traspapelados en los juzgados”. El Foro Ciudadano de la Memoria Histórica de Córdoba recuperó y digitalizó muchos de estos documentos, algunos de los cuales se encontraban abandonados y deteriorados en archivos judiciales de la provincia. “Fue una operación intensa y laboriosa”, subraya su presidenta, María del Mar Téllez.
El historiador Arcángel Bedmar, aunque no ha trabajado de forma específica la incautación de bienes, conoce de primera mano muchos casos del sur de Córdoba, que es el ámbito que más ha investigado. “Lo primero, tras el golpe militar, fue la rapiña directa. Miles de personas salen huyendo de Baena, Montemayor, Montilla, Castro o Espejo y sus casas se quedan vacías”, explica en conversación desde Lucena.
En un primer momento, los expedientes de incautación los instruye un guardia civil. Tras la Ley de Responsabilidades Políticas, de febrero de 1939, todas las causas se judicializan. Y, en muchos casos, las víctimas o sus herederos pleitean para rebajar las elevadas multas y desbloquear la incautación de sus bienes en procesos que pueden durar años. Además del coste humano, por la pérdida de seres queridos, familias enteras son sometidas a un verdadero expolio económico. Es el caso de Emilia Simón, viuda del doctor Romera.
0