Tesoros califales en venta: el turbio (y lucrativo) negocio del tráfico ilegal arqueológico
Todos los vestigios arqueológicos que descansan bajo el subsuelo son de dominio público. Es decir: pertenecen al legado cultural de todos los españoles. No pueden ser, por lo tanto, privatizados, ni enajenados, ni comercializados. Así lo certifica de forma taxativa el artículo 44.1 de la Ley de Patrimonio Histórico vigente.
Hablamos de un tesoro inmenso de un país que conserva un inagotable patrimonio romano, visigodo o andalusí. Sin embargo, cientos de piezas arqueológicas de valor incalculable, quizás miles, ingresan cada año en colecciones privadas por la puerta de atrás. El último caso se sustancia en la Audiencia Provincial de Madrid en el marco de la conocida como Operación Tulipa, que procesa a una trama criminal de Granada por blanquear vestigios arqueológicos, entre ellos capiteles califales del siglo X previsiblemente originarios del taller de Medina Azahara.
La actuación policial arrancó en 2021 cuando agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico detectaron la venta sospechosa de un capitel califal en Feriarte, el más importante mercado de antigüedades de España. La pieza había sido adquirida en un anticuario de Granada y presentaba manifiestas irregularidades en su facturación.
Pero no solamente eso. El interrogante principal era su origen. Los propietarios presentaron un acta notarial que acreditaba supuestamente que el capitel andalusí provenía de una herencia familiar de varias generaciones que remitía a un antepasado restaurador de la Alhambra en el siglo XIX. A la Policía no le convenció el relato.
Los expoliadores de Granada falsificaban actas notariales para blanquear el origen de los vestigios
El certificado sorteaba las severas restricciones de la ley de 1985. Todos los hallazgos arqueológicos debían ser notificados a la administración competente en el plazo de 48 horas. Pero ojo: ese imperativo era de obligado cumplimiento para aquellas piezas aparecidas a partir de la entrada en vigor de la normativa. Los vestigios anteriores quedaban fuera de la ley, aunque había que acreditar su procedencia.
Ese ha sido el agujero negro por el que muchos traficantes de antigüedades tratan de lavar las piezas ilegales. Y eso es lo que creen los agentes especializados de la Brigada de Patrimonio Histórico. Los vestigios intervenidos no procederían de ninguna herencia familiar sino que habrían sido expoliados de algún yacimiento arqueológico. Las actas notariales, según la hipótesis policial, falsean su origen para blanquear las piezas y colocarlas en el mercado a un precio más elevado.
La operación se desató en enero de 2024. Fueron detenidas seis personas e incautados 71 objetos de gran valor histórico. El hilo policial logró recuperar piezas en Valencia, Madrid y Granada, muchas de las cuales eran comercializadas a través de una galería de antigüedades de Barcelona. Otros cuatro implicados se encontraban fuera de España.
Fueron identificados varios capiteles califales de mármol con tallas de gran calidad datados en el siglo X o principios del XI, presumiblemente fabricados en los talleres de Medina Azahara. Modelos similares se conservan en el Museo Arqueológico de Córdoba y el de la Alhambra.
Otro capitel nazarí está fechado en el siglo XIV. El tesoro expoliado también incluye basas, columnas, arcos de yesería, vigas islámicas, fragmentos de arrocabe, estelas funerarias árabes y esculturas visigodas. Todas se encuentran bajo custodia en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), el Museo Arqueológico de Granada y el Museo de Prehistoria de Valencia. Están cuantificadas en 403.000 euros, aunque su valor podría ascender considerablemente en el mercado legal.
“Lo realmente difícil es saber exactamente de dónde han sido expoliadas todas estas piezas arqueológicas”, asegura Jorge Llopis, historiador del arte y experto en tráfico ilegal de patrimonio arqueológico, editor de la única publicación especializada en la materia. “Se trata de redes que expolian, compran, revenden y colocan en el mercado. Hay un traficante en Barcelona, por ejemplo, que ha llegado a traer piezas expoliadas de Egipto o Sudán”.
Las tramas legalizan todo este material arqueológico con certificaciones notariales falseadas y se atreven a exponerlo en ferias de renombre nacional. Ahí reside uno de los puntos frágiles, a juicio del experto consultado. “Con el tema de las ferias soy bastante duro”, subraya. “Hay un comité de selección que debe verificar la legalidad de las piezas expuestas, pero los criterios son bastante laxos”. En opinión de Jorge Llopis, el comité de selección de este tipo de mercados de arte debería estar sometido a un mayor control policial.
El fiscal acusa a los seis procesados de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal. Para tres de ellos solicita seis años de cárcel, multas individuales de 600.000 euros y 12 años de inhabilitación especial para comerciar con antigüedades. La petición fiscal para el resto asciende a tres años de prisión y 100.000 euros de multa. Fuentes del MAN y el Ministerio de Cultura han rehusado facilitar información a Cordópolis por tratarse de una operación “abierta” y “judicializada”.
Más del 90% del tráfico ilegal de antigüedades se hace ya en internet
Lola Baena ha sido directora del Museo Arqueológico de Córdoba durante 22 años y ha colaborado estrechamente con la Brigada de Patrimonio Histórico en numerosas ocasiones. “Son agentes muy formados, la mayoría de ellos licenciados en Historia del Arte, y su labor es excelente”, explica en conversación telefónica. “A pesar de su gran trabajo, el tráfico ilícito de bienes arqueológicos continúa siendo una práctica frecuente”.
Baena desconoce los detalles de la Operación Tulipa, pero admite que la falsificación de actas notariales para legalizar piezas expoliadas es una argucia habitual. “La ley dice que los hallazgos casuales tienen que ser comunicados a la administración competente, pero ni todos son casuales ni todos se entregan, y hay mafias que tienen canales y redes para expoliar los vestigios”.
Las operaciones policiales se ejecutan con suma discreción para garantizar su éxito y rara vez se filtran a la prensa. Muchas piezas son recuperadas por los agentes especializados tras largos procesos de investigación. Baena recuerda varios casos resueltos favorablemente por la Policía, como la recuperación en Pedro Abad de dos efebos de bronce exhibidos en el Arqueológico de Córdoba en 2024 tras su restauración.
Otra de las actuaciones policiales citadas por Baena es la localización del Tesorillo de la Amarguilla en una finca del sur de Córdoba después de la identificación en una red social de una fotografía del formidable conjunto de joyas andalusíes.
Hoy día gran parte del mercado negro de objetos arqueológicos se ha trasladado a internet. Jorge Llopis cifra en “más del 90%” el comercio ilegal de antigüedades en el espacio digital. “Te lo encuentras en plataformas habituales de compraventa generalista como eBay, Todocolección o Wallapop”, explica el experto.
“Ahí radica el gran problema”, subraya Llopis. “Para la Policía es como intentar poner puertas al campo. Solo un país como China, capaz de colocar a 30.000 agentes a rastrear internet, podría controlar ese volumen”. Con todo, el trabajo profesional de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional y la unidad especializada de la Guardia Civil es “excelente”, en opinión del editor de Pecados del Arte. “Junto con los italianos, son los tres mejores cuerpos del mundo en la lucha contra los delitos del patrimonio”, puntualiza.
La frecuencia de casos como el detectado en Feriarte dañan la imagen del mercado español, que sufre un “desprestigio internacional”, según Llopis, porque “no se aplica el rigor” adecuado en la vigilancia de piezas procedentes del expolio arqueológico. “Es un sector muy corporativo y cerrado que evita destapar las miserias para no arruinar el mercado global”, lamenta el especialista.
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