Vecinos de un bloque social de la Junta denuncian que los están expulsando y ofreciendo sus pisos a menor precio

Cristina, una de las vecinas del bloque de viviendas sociales que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) tiene en la Acera del Río, en Córdoba, está en plena mudanza. La mujer, madre de tres hijos, tiene unos días para marcharse del piso donde ha vivido en los últimos seis años y por el que, los primeros cuatro, estuvo pagando un alquiler de 300 euros al mes.

A las puertas de un bloque en el que hay más casas tapiadas que habitadas, Cristina reconoce sin ningún tipo de reparo que hace dos años que dejó de pagar el alquiler. Cuenta que entonces se separó, que estaba desempleada (aún sigue en el paro) y que no tenía más entrada de dinero que una ayuda de 480 euros.

Así que, tras solicitar una rebaja en el precio que nunca fue respondida, Cristina asumió hace meses que tenía que abandonar la casa donde vive con sus tres hijos y su nuera y que se tiene que marchar a otra vivienda social de alquiler más asequible.

El problema está en que el pasado verano recibió una carta de la empresa municipal de vivienda Vimcorsa, en este caso del Ayuntamiento de Córdoba, en la que le indicaba que, como madre de una familia numerosa, estaba en lista de espera para acceder a un piso en el mismo bloque del que la desalojaban pero por un tercio del precio que ha estado pagando ella. 

Concretamente, según la carta, mostrada a este periódico, Vimcorsa ofrece ahora un piso como el suyo por 117 euros de alquiler social al mes. “Así que fui y les dije que me quería quedar en mi piso pagando 117 euros al mes pero me han dicho que no, que no hay manera, que me tengo que ir de aquí”, relata, aceptando, al mismo tiempo, que no le queda más remedio que abandonar el piso donde lleva seis años viviendo y marcharse a otro en el barrio del Guadalquivir, no muy lejos de donde ha estado viviendo.

Otros desahucios y denuncias políticas

Su caso no es el único. En junio, una familia formada por un padre, una madre y sus tres hijos -un mayor de edad de 20 años, un menor de 12 y otra de 19, con parálisis cerebral- fue desahuciada después de tres años sin pagar el alquiler. Ahora, los vecinos dicen que las cartas de desahucio se amontonan en los buzones.

“Nos están echando. Algunos llevamos años acumulando una deuda que no podemos pagar. Y, ahora, todas las casas que ves tapiadas las están alquilando a 100 euros”, afirma esta vecina de un bloque cuya comunidad lleva meses denunciando el mal estado general de las instalaciones.

En este sentido, el pasado verano, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ya denunció que en esta promoción social de 70 viviendas había “50 pisos tapiados” y aseguró que AVRA estaba “echando de allí a los inquilinos”.

Este viernes, ha sido el diputado andaluz de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, el que ha visitado la promoción para comprobar sobre el terreno las denuncias que le han trasladado los vecinos. En declaraciones a este periódico, Gómez Jurado, ha lamentado que la Junta de Andalucía “sigue desahuciando familias y sigue subiendo los precios de los alquileres a las familias” en un bloque, cuyas zonas comunes “siguen estando completamente abandonadas, rotas y sucias”.

“Los vecinos nos cuentan que los gerentes y que la propia Junta de Andalucía no les hacen caso, no escuchan sus demandas, que básicamente consisten en que el estado de los bloques es lamentable, que hay ascensores que no funcionan, incluso partes del edificio que se están hundiendo. Lo que le exigimos a la Junta de Andalucía, y lo llevamos esta misma semana a pleno, será que se tomen en serio la situación de estos bloques y, por supuesto, que dejen de echar de sus casas a familias y que dejen de echar de sus casas a menores”, ha señalado el parlamentario andaluz de Por Andalucía.

Por su parte, desde el Gobierno Andaluz han reconocido a este periódico que se están mandando cartas de desahucio a los arrendadores que han dejado de pagar, y han recordado que los bloques de la Acera del Río no son Vivienda de Inserción Social, sino Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento (VPPA).