Las universidades acusan a la Junta de “incumplir sistemáticamente” la financiación y amagan con los tribunales

Las universidades públicas de Andalucía han secundado este jueves una declaración institucional -leída en órganos de gobierno- en la que acusan a la Junta de Andalucía de “incumplir sistemáticamente” el modelo de financiación aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 2023 en acuerdo con los Rectorados. “En ninguno de los dos años -2024 y 2025- de aplicación del modelo se ha cumplido con lo establecido en la cláusula de salvaguarda” que “obliga a garantizar el 100% de la financiación recibida el año anterior [...]. En este sentido, entre otros conceptos, este año se nos adeuda el 0,5% de la subida salarial del 2014 y, asimismo, sigue sin llevarse a cabo la actualización del capítulo dos --gastos de mantenimiento--, como también exige el modelo”.

“De persistir los incumplimientos del Gobierno andaluz respecto de las obligaciones y compromisos asumidos con el sistema, las universidades públicas defenderemos a través de las acciones legales que correspondan el cumplimiento del modelo”. Así se recoge en la declaración, cuyo texto ha consultado Europa Press. Una vez leídas las declaraciones en todos los Rectorados, el rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha señalado que “ha llegado el momento de cumplir” lo acordado porque las cuantías están “infravaloradas”.

En la declaración se apunta al “incumplimiento” del “mandato legal” de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) sobre la “obligación de garantizar una financiación basal suficiente”. “Este incumplimiento --subraya el texto-- sitúa al sistema universitario público andaluz en una posición de clara vulnerabilidad financiera y supone una contravención directa del marco normativo estatal vigente”.

Esta acción de las universidades, coordinada desde la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), se produce después del segundo reparto del modelo de financiación correspondiente al año 2025 aprobado en el pleno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) por doce votos a favor (entre ellos, el de todos los Consejos Sociales), once votos en contra (entre ellos el de ocho rectores) y dos abstenciones (de la UNIA y de la Universidad de Málaga). Los ocho rectores que rechazaron el segundo reparto del modelo de financiación alegaron que el mismo “abocaba” al “progresivo deterioro” del sistema.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha completado el reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025, ascendiendo a un montante global de 1.775,48 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,01% en relación con el importe inicialmente aprobado el pasado ejercicio, según los cálculos hechos por la Administración. Si se compara con el año 2018, afirmaba la Administración este martes pasado, esa dotación de la Junta representa una subida de en torno al 30%. Además de este volumen, el sistema recibirá otra serie de cantidades que permiten aumentar los recursos disponibles, como es el caso de los 9,5 millones para proyectos estratégicos.

Sobre estos proyectos estratégicos, la declaración de las universidades sostiene que “la financiación destibada al pago de conceptos retributivos por un importe de más de 37 millones se transfiere como proyectos estratégicos no consolidables. Sin embargo, el pago de retribuciones siempre debe ser consolidable para ejercicios futuros, tal y como reconoce el modelo”. Este extremo fue negado por la Consejería el pasado martes.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general Ramón Herrera apuntó que las relaciones con los rectores “se mantienen” así como las negociaciones de cara al Presupuesto de 2026, donde se quieren incluir 16 millones de euros --los rectores han cifrado en 20 los millones que le 'faltan' a las cuentas andaluzas para garantizar la suficiencia financiera de las instituciones académicas--. En cuanto al 2,5% de la subida salarial --que el Gobierno central permite aplicar en tres años y que la Junta lo ha ejecutado ya--, Herrera aclaró que “no va como proyecto estratégico”. Lo que sí está recogido como proyecto estratégico son conceptos como el crecimiento vegetativo y el cumplimiento de sentencias judiciales.

De vuelta a la declaración institucional, en ella se argumenta que “todos estos incumplimientos se ven agravados por la negativa recurrente de la Administración autonómica al abono de las cantidades necesarias para la aplicación íntegra de los acuerdos suscritos en Sevilla y en Jaén por el consejero de Universidad y por el presidente de la Junta, respectivamente”. En esta línea, los campus recuerdan que el Gobierno andaluz “ha transferido a las universidades un importe claramente insuficiente para afrontar el pago de los complementos ya que ni siquiera se han incluido los elevados costes de las cotizaciones sociales que se derivan de su aplicación. Una merma más en nuestras arcas, ya de por sí tensionadas por un infrafinanciación crónica”.

Ante lo descrito en tres folios, las universidades reclaman al presidente Juanma Moreno que “cumpla con la palabra dada en sede universitaria” donde “se comprometió a añadir 16 millones de euros destinados a sostenibilidad y digitalización de las universidades. Una partida adicional que ahora desaparece del reparto efectuado por parte de la Junta”. “Esta situación está debilitando de manera progresiva el sistema público universitario andaluz, un pilar imprescindible para el progreso y la igualdad de oportunidades de Andalucía”, concluye la declaración institucional.