El personal de los centros de menores exige su vacunación, como en el resto de provincias andaluzas

Representantes sindicales del personal de los centros de Protección de Menores dependientes de la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba se ha concentrado este jueves ante la Delegación de Salud y Familias de la Junta en Córdoba, para volver a reclamar, como llevan haciendo semanas, “que se active con carácter urgente su proceso de vacunación frente al Covid-19”, como se ha hecho en el resto de provincias andaluzas.

Así lo han señalado en dicha concentración, convocada por los sindicatos CCOO, CSIF y Ustea, recordando que “todos los trabajadores de estos centros están considerados como integrantes de servicios esenciales desde que se decretó el Estado de Alarma”, pero, aún así, todavía no han sido vacunados contra el coronavirus.

Eso es lo que han reclamado este jueves los concentrados ante la Delegación de Salud, donde las trabajadores “han presentado un escrito con la firma de la mayoría de la plantilla de los centros, en el que explican la situación en la que se encuentran y vuelven a reclamar la vacunación de este personal”.

De hecho, “salvo algunos centros de Almería y Huelva que aún quedan por vacunar, el resto de provincias ya ha vacunado a este personal, pero no así en Córdoba, en donde las trabajadoras que han sido vacunadas han recibido las dosis por cuestión de edad, no por ser trabajadoras esenciales”.

Este, según ha explicado la delegada de CCOO en uno de los centros de Protección de Menores de Córdoba, María José Caño, “es un problema que se debería haber resuelto hace mucho tiempo y sin embargo seguimos en una situación de riesgo tremenda, porque en los centros es muy difícil mantener las medidas de seguridad y además tenemos menores con discapacidades”.

Los sindicatos CCOO, CSIF y Ustea han recordado que han realizado una labor sociosanitaria y educativa desde el inicio de la pandemia y actualmente continúan desarrollándola, “lo que supone una exposición continua y constante a un riesgo permanente de contagio”, dada la naturaleza del trabajo que desempeñan.

En este sentido, han remarcado que “este personal atiende, tanto a los casos de menores positivos de Covid-19 que se producen en los centros, como aquellos casos procedentes del exterior, menores ingresados en el centro habiendo dado positivo en Covid-19, de forma que cuando se detecta un positivo en unos de los centros, el personal queda totalmente desprotegido, al no ser considerados contactos estrechos, de acuerdo con las instrucciones recogidas en los protocolos de actuación”.

Es más, “los casos únicamente son detectados cuando aparecen síntomas y quizás en ese momento ya sea tarde, lo que pone en riesgo continuo a los menores, a los trabajadores y a su entorno más cercano. Se está creando el caos y es tremendo lo que se puede montar, nos podemos ver todas contagiadas sin saberlo y multiplicando los casos”, según ha avisado Caño.

Para los sindicatos, dicha situación constituye “un ejemplo claro de falta de sensibilidad y responsabilidad de la Delegación de Salud, por obligar al personal de los centros de Protección de Menores a desarrollar tareas de carácter sanitario más allá de la naturaleza de sus propias funciones. Con el agravante añadido de no considerar el grave riesgo de contagio masivo al que se ven sometidos los menores y la totalidad de los trabajadores”.