El informe de la discordia que provocó que los tractoristas rompieran el cordón policial en Córdoba

El presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (Agacor), Joaquín Cortés, que convocó la tractorada de este martes en la capital que acabó con tres detenidos y nueve policías nacionales heridos leves, tuvo en sus manos un informe de la Policía Local favorable a la entrada de tractores en la ciudad antes de que se remitiera oficialmente a la Subdelegación del Gobierno.

El informe, firmado por el Jefe de Intendencia Policía Local y fechado el 19 de febrero, es el que Cortés esgrimió durante toda la jornada del martes para tratar de convencer a la Policía Nacional de que permitiera la entrada a la ciudad de una comitiva de tractores, vehículos y manifestantes, con el objetivo de llegar a la Subdelegación del Gobierno. Este periódico fue testigo de la primera vez que Cortés se acercó a la Policía Nacional para convencerla, esgrimiendo para ello que tenía un documento de la Policía Local que les permitía entrar. La Policía Nacional le explicó entonces que las competencias para ello correspondían a la Subdelegación del Gobierno y no al Ayuntamiento de Córdoba.

La cuestión es que ese documento favorable a la entrada de tractores en la ciudad llegó antes a manos del presidente de Agacor que a la Subdelegación del Gobierno. Según ha podido comprobar este periódico, el propio Cortés hizo llegar el documento por registro a la Subdelegación el lunes 19, la tarde antes de la protesta.

¿Cómo pudo hacerse con dicho informe Cortés antes de que se remitiera a la Subdelegación? Este periódico ha preguntado a la Concejalía de Seguridad y Movilidad y han contestado que lo desconocen, si bien aseguran que el informe se realizó a petición de la Subdelegación del Gobierno, que fue la que planteó la posibilidad de que entrara una “marcha simbólica” en la ciudad, siguiendo la solicitud que le habían hecho llegar los convocantes.

El cuarto informe

El informe favorable de la Policía Local, al que ha accedido este periódico, era el cuarto que realizaba este cuerpo de seguridad. Los tres anteriores (fechados los días 9, 12 y 15 de febrero) fueron negativos ante la posibilidad de que los tractores entraran por el callejero de Córdoba. Todos ellos, además, se debatieron en una reunión entre la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) el pasado 15 de febrero, en la que se acordó por unanimidad que los tractores y vehículos no entrarían en la capital y se les dirigiría a El Arenal.

La unanimidad se rompe el lunes 19 de enero. Según toda la información a la que ha podido acceder este periódico, ese día, los convocantes piden a la Subdelegación realizar una “marcha simbólica”, que iba a estar protagonizada por cien vehículos. Subdelegación, a su vez, pide su opinión a la Policía Local antes de tomar la decisión. Y la respuesta de la Policía Local es positiva, “siempre que se establezca un número máximo de vehículos y acepten el itinerario marcado en dicho informe”.

Sin embargo, esta respuesta, el Ayuntamiento y/o la Policía Local nunca se lo hace llegar directamente a la Subdelegación del Gobierno. Desde el Ayuntamiento, requeridos por este periódico, insisten en que sí lo hicieron, pero no han aportado pruebas que lo demuestren. Por su parte, desde la Subdelegación aseguran que quien les hizo llegar el documento de la Policía Local fue Joaquín Cortés. Lo hizo en la tarde del lunes, en un registro en el que proponía un itinerario para la “marcha simbólica”. 

Las fuentes consultadas no saben cómo pudo hacerse con el informe de Policía Local el máximo responsable de la tractorada. El propio Cortés no ha contestado a las llamadas de este periódico para explicarlo. Los agricultores y ganaderos que acudieron el martes a Córdoba llegaron en todo momento enarbolando la idea de que finalmente se les iba a dejar entrar en la ciudad, porque así lo había comunicado también Cortés.

Como no fue así, los ánimos se caldearon y la “marcha simbólica” prevista se convirtió en una sucesión de intentos de ruptura del cordón policial, cargas de las fuerzas y cuerpos de Seguridad contra los agricultores, tres detenidos por atentado a un agente de la autoridad, nueve agentes y no menos de una veintena de manifestantes heridos. Y, como postre, una trifulca política entre la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Córdoba, escenificada en sendas ruedas de prensa este miércoles.

En la primera, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado que las cargas policiales se podrían haber evitado y que se hicieron aplicando “órdenes políticas”. En la segunda, convocada en respuesta horas después, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha insistido en que la Policía Local nunca le hizo llegar un informe positivo, y ha concluido advirtiendo de que, “en materia de seguridad ciudadana, no se puede hacer política ni generar desconfianza”.