El “gran escándalo” del desperdicio alimentario y cómo afecta a la sociedad global

Las III Jornadas de Economía Circular han culminado con la última conferencia, esta vez protagonizada por María González López, directora de Enraíza Derechos, que ha debatido sobre el desperdicio alimentario. La dirigente ha comenzado su intervención calificado este problema como un auténtico “gran escándalo” de dimensiones globales. De hecho, cada año el mundo pierde aproximadamente 1.300 millones de toneladas de comida, lo que representa un tercio de toda la producción destinada al consumo humanp

Una cifra que supone que el 30% de la producción mundial se pierda o se desperdicia. Esto genera un impacto que con el paso de los años se nota -y mucho- en el planeta. De hecho, si el desperdicio de alimentos fuera un país, ocuparía el tercer puesto mundial como emisor de gases de efecto invernadero tan solo por detrás de las regiones donde la industria son su principal activo, tal y como ha adelantado María González en su intervención.

El coste económico, social y ecológico

El desperdicio alimentario, a su vez, trae consigo una serie de costes notables que dejan consecuencias directas en la sociedad. Por un lado, el coste ecológico es alarmante, ya que tirar comida implica malgastar el 28% de las tierras productivas del mundo y el 20% del agua dulce disponible. Unos recursos naturales que se agotan en un ciclo de producción y desecho que compromete seriamente la sostenibilidad a medio y largo plazo.

Asimismo, este fenómeno agrava directamente el problema del hambre del mundo, y ahí entra el coste social. Dicha crisis no ha dejado de aumentar tras el impacto del Covid-19 y el incremento de los precios debido a la inflación hace que su protagonismo sea cada vez más elevado. Una pérdida de recursos que se traduce, además, en menos alimentos para consumo humano y mayores dificultades de acceso para las poblaciones más vulnerables.

Por otro lado y en términos financieros, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha estimado en un último informe que el valor de los alimentos perdidos alcanza el billón de dolares anuales. Aunque, según ha apuntado María González y si se suman los costes de las externalidades, el impacto económico global supera con creces los dos billones y medio de dólares, una cifra diferente y que duplica a la primera.

En el contexto europeo, la Unión Europea importó casi 138 millones de toneladas de productos agrícolas en 2021 y desperdicia cada año unos 153,5 millones de toneladas, siendo en su gran mayoría lo que se produce en los hogares. Aunque esta regla no se cumple en España, donde la industria y el sector primario tienen un peso significativo en los 4,2 millones de toneladas anuales que se desperdician en esta nación.

La Ley 1/25 y el desafío de la prevención

Para combatir el desperdicio alimentario, la Ley 1/25 ha surgido, tras varias peticiones y la lucha de la unión de empresas como Enraíza Derechos, como una herramienta necesaria que sitúa la prevención en el centro de la estrategia nacional. Su objetivo es cumplir con la jerarquía de prioridades de la Agenda 2030, anteponiendo la reducción de excedentes a su simple gestión posterior.

La normativa impone obligaciones claras a los agentes de la cadena, como la creación de planes de prevención y la prohibición de cláusulas que impidan la donación de alimentos a entidades sociales. Solo las microempresas y establecimientos pequeños quedan exentos de ciertas obligaciones.

A pesar de los avances, María González ha apuntado que hay debilidades como la falta de medición precisa en algunos eslabones. El éxito final de esta norma dependerá de un desarrollo reglamentario eficaz que garantice que la ley no solo sea una declaración de intenciones, sino una solución real.