Denuncian que dos alumnas con sordera se ven afectadas por la baja de su intérprete de lengua de signos

Hace una semana, el Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba denunciaba que una alumna con sordera de un instituto de la capital cordobesa no había podido acudir con el resto de sus compañeros y compañeras de clase a una excursión escolar porque su intérprete de lengua de signos (ILSE) excedía su jornada y ni la empresa adjudicataria del servicio ni la Agencia Pública Andaluza de Enseñanza (APAE), que es la encargada de contratar el servicio, estaban dispuestas a ampliar su horario y abonarle las horas extra. Ahora, el sindicato vuelve a denunciar que otra alumna con sordera, esta vez, del IES Gran Capitán de Córdoba, se ha visto afectada por la baja laboral de su ILSE.

El secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Francisco Cobos, señala que “una vez más, las deficiencias en la contratación de este personal afecta a una alumna”. En este caso, el problema ha surgido por la no sustitución de una baja de 10 días de la ILSE por una intervención quirúrgica, que debería haberse cubierto de inmediato por parte de la empresa adjudicataria del servicio según establece el pliego de licitación.

“La baja solo se ha cubierto en días sueltos, en concreto, dos viernes por una ILSE que presta servicio en otro centro, con lo que la alumna se ha quedado sin intérprete más de una semana”, critica Cobos quien afirma que “es inaceptable que la empresa no cumpla el contrato de adjudicación escudándose en que no recibe presupuesto para cubrir las suplencias cuando así viene estipulado en la licitación pero igualmente inaceptable es que la APAE no tome medidas y permita que la alumna, a final de curso, se quede sin intérprete y nadie haga nada para evitarlo cuando la ILSE comunicó su baja con antelación suficiente”.

Este tipo de incidencia no solo viene ocurriendo en Córdoba capital y con el personal ILSE, sino que también el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) sufre las consecuencias de la privatización. “Desde CCOO llevamos años denunciando el agravio comparativo existente entre este personal y el personal laboral de la Junta que presta los mismos servicios y vamos a poner toda nuestra fuerza para conseguir que este personal sea contratado a jornada completa, es decir, 35 horas a la semana, según se establece en el convenio colectivo de centros y servicios de atención a las personas con discapacidad”, remarca el responsable sindical.

En opinión de CCOO, esta situación hace que el alumnado con necesidades educativas especiales (ANEE) no pueda ejercer su derecho a una educación igualitaria, integrada y de calidad. “Cuando un centro público educativo no recibe su correspondiente refuerzo según contempla la Ley de Educación y no recibe ni al ILSE ni al PTIS porque ni las empresas adjudicatarias del servicio ni la APAE tienen intención ni disposición de cubrir estas necesidades la educación igualitaria está en entredicho”.

Nos consta que la familia de la alumna afectada se ha puesto en contacto con la Delegación y le ofrecemos nuestro apoyo.

“CCOO viene pidiendo hace años que el personal de apoyo a alumnado con necesidades educativas específicas (ANEE) sea parte de las plantillas de los centros escolares y se deje de externalizar un servicio fundamental para la integración del alumnado”, recordó el responsable sindical quien considera que el actual modelo de contratación “discrimina a los y las estudiantes con alguna discapacidad o necesidad educativa específica”.

En este sentido, Cobos criticó “el cinismo de la Junta de Andalucía, que se jacta de la integración del alumnado con necesidades específicas pero al mismo tiempo, por no pagar unas horas extra o realizar las susticiones oportunas, impide que ese alumnado pueda disfrutar con sus compañeros y compañeras de actividades extraescolares y recibir la atención que merece” Y Todo esto sin contar con que tanto ILSE como PTIS dejan de asistir a reuniones con las familias y maestros, claustros, etc., tareas que le son encomendadas tanto por la ley educativa vigente como por los pliegos de licitación del servicio porque están contratados a 30 horas para la atención directa al alumnado y no a jornada completa, lo que es “insuficiente para desarrollar el programa educativo de una manera lógica y correcta”, apostilla Cobos.