Cuestionan la cesión de Caballerizas Reales por el riesgo de incendio y por el papel del Ayuntamiento en Córdoba Ecuestre

La concesión directa de Caballerizas Reales a la Asociación Córdoba Ecuestre también ha sido alegada por el grupo municipal Hacemos Córdoba, que ha presentado un extenso escrito contra el pliego elaborado por el Ayuntamiento para regular la ocupación y explotación del emblemático conjunto patrimonial durante los próximos 25 años (prorrogable hasta 75). Un documento en el que pone el foco en una cuestión que considera prioritaria: el riesgo de incendio existente en las instalaciones y la eventual responsabilidad que podría recaer sobre el propio Consistorio.

Las alegaciones, firmadas por el concejal José Carlos Ruiz, utilizan como punto de partida los recientes informes de seguridad emitidos por los servicios municipales para cuestionar la oportunidad de formalizar una concesión de larga duración mientras siguen pendientes actuaciones esenciales en uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Aunque el documento está formulado antes de que se haya conocido un informe del 5 de mayo en el que los bomberos volvieron a señalar la falta de cumplimiento de medidas de seguridad, Hacemos recuerda expresamente los dos previos emitidos por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) a principios de año.

Para Hacemos Córdoba, la situación resulta especialmente preocupante porque el Ayuntamiento pretende otorgar una concesión directa sobre un edificio que los propios servicios municipales han señalado como necesitado de importantes mejoras en materia de seguridad. La formación plantea incluso un escenario extremo para evidenciar lo que considera una contradicción de fondo. “¿Qué ocurriría si mañana resulta pasto de las llamas dicho edificio en todo o en parte?”, se pregunta literalmente en sus alegaciones.

A partir de ahí, cuestiona quién asumiría las responsabilidades derivadas de un eventual siniestro, quién respondería económicamente por los daños ocasionados y quién terminaría soportando las consecuencias de una pérdida patrimonial de semejante magnitud.

La doble condición del Ayuntamiento

Uno de los ejes centrales de las alegaciones gira en torno a la peculiar relación existente entre el Ayuntamiento y Córdoba Ecuestre. Según sostiene Hacemos Córdoba, el pliego pretende establecer una clara separación entre la Administración municipal y la asociación concesionaria, atribuyendo a esta última la responsabilidad por los daños, el mantenimiento de las instalaciones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la explotación del recinto.

Sin embargo, el grupo municipal recuerda que el propio Ayuntamiento forma parte de Córdoba Ecuestre y cuenta incluso con representantes designados oficialmente en la entidad (el concejal Julián Urbano). A juicio de los alegantes, esta circunstancia convierte en especialmente compleja cualquier delimitación de responsabilidades en caso de accidente, incendio o daño patrimonial relevante.

La cuestión adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que son precisamente los servicios municipales —la Gerencia de Urbanismo, la Oficina del Casco Histórico o el propio SPEIS— los encargados de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas a la asociación. En consecuencia, Hacemos Córdoba sostiene que el Ayuntamiento no puede presentarse simultáneamente como propietario del inmueble, miembro de la entidad beneficiaria, órgano fiscalizador y eventual perjudicado por los daños que pudieran producirse.

Dudas sobre la situación económica de Córdoba Ecuestre

Tras abordar la cuestión de la seguridad, las alegaciones centran gran parte de su contenido en la situación económica de Córdoba Ecuestre y en el cumplimiento de los requisitos que justifican la concesión directa. El grupo municipal recuerda que la legislación estatal permite adjudicar directamente bienes públicos a asociaciones declaradas de utilidad pública y sin ánimo de lucro, pero considera que el Ayuntamiento no ha acreditado suficientemente este último requisito.

En este sentido, las alegaciones citan las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024, formuladas por la propia asociación el 31 de marzo de 2025. Según esos datos, Córdoba Ecuestre obtuvo durante ese ejercicio unos ingresos de 2,29 millones de euros y registró un resultado positivo de 830.505 euros tras descontar gastos por importe de 1,46 millones.

Para Hacemos Córdoba, la existencia de este elevado excedente económico obliga al Ayuntamiento a realizar un control mucho más exhaustivo sobre el destino final de esos fondos. La formación sostiene que no consta que el Consistorio haya comprobado si esos beneficios han sido efectivamente reinvertidos en los fines sociales de la entidad, tal y como exige la normativa aplicable a las asociaciones sin ánimo de lucro.

Asimismo, cuestiona algunas partidas reflejadas en las cuentas, entre ellas gastos de viajes, alojamientos, manutenciones o intermediaciones comerciales, cuya justificación considera insuficientemente detallada. Las alegaciones también ponen en duda determinadas amortizaciones contables practicadas por la asociación sobre bienes ubicados en un inmueble cuya ocupación, según sostiene el escrito, se habría venido produciendo durante años sin un título concesional formalizado.

Una ocupación “sin título” y que ahora se quiere extender “excesivamente”

Otro de los argumentos desarrollados por Hacemos Córdoba es la situación administrativa en la que se han encontrado las Caballerizas Reales durante los últimos años. El documento recuerda que la asociación ha venido utilizando espacios primero de titularidad estatal y posteriormente municipal sin que existiera una concesión administrativa definitiva que amparase esa ocupación. A juicio de los alegantes, esta circunstancia ha generado una situación “anómala” que ahora se pretende regularizar mediante una concesión directa cuya excepcionalidad consideran insuficientemente justificada. Por ello, reclaman que el Ayuntamiento motive de forma mucho más rigurosa las razones que le llevan a descartar una licitación abierta y competitiva.

Las alegaciones también cuestionan la duración prevista para la concesión. El pliego contempla una ocupación de 25 años, una extensión temporal que Hacemos Córdoba considera excesiva para un bien patrimonial de estas características. La formación entiende que antes de comprometer durante un cuarto de siglo el uso privativo de un espacio histórico de titularidad pública deberían haberse establecido mecanismos de control mucho más exigentes sobre la conservación, mantenimiento y estado de las instalaciones. Especialmente, añade, después de que tanto los servicios de patrimonio como los bomberos hayan alertado sobre deficiencias que todavía no han sido completamente subsanadas.

El documento también carga contra las condiciones económicas fijadas en el pliego. En primer lugar, considera insuficiente la garantía definitiva exigida a Córdoba Ecuestre, fijada en 344.621 euros, equivalente al 4% de una valoración patrimonial estimada en 8,6 millones de euros. Para Hacemos Córdoba, tanto la valoración como el importe del aval resultan claramente insuficientes para proteger un conjunto patrimonial cuyo valor histórico y simbólico considera incalculable.

Las críticas se extienden igualmente al canon anual establecido por el Ayuntamiento, que asciende a 99.355 euros. Según los cálculos incorporados a las alegaciones, esa cantidad apenas representa el 1,15% del valor atribuido a los bienes objeto de concesión y resulta desproporcionadamente baja si se compara con los ingresos generados por la actividad desarrollada en el recinto. La formación considera que una entidad que factura más de dos millones de euros anuales y que explotará en exclusiva un espacio singular de titularidad pública debería abonar una contraprestación económica considerablemente superior.

Las alegaciones concluyen reclamando un sistema de control mucho más riguroso sobre la gestión futura de Caballerizas Reales. Entre otras cuestiones, exigen auditorías periódicas, una fiscalización detallada de las cuentas, la obligación de justificar el destino de los beneficios obtenidos y mecanismos que permitan verificar que los recursos generados revierten efectivamente en la conservación del patrimonio y en actividades de interés general.

Asimismo, cuestionan que durante años se haya cobrado entrada a ciudadanos cordobeses para acceder a un espacio de titularidad pública y sostienen que el Ayuntamiento debería aclarar con total transparencia cuál es su grado real de participación dentro de Córdoba Ecuestre y qué responsabilidades asumiría en caso de conflicto, daño patrimonial o siniestro.