La Sierra tiene 45 núcleos habitados con riesgo de sufrir un incendio

La Junta impulsa la elaboración de los planes de prevención de incendios en terrenos forestales, y de autoprotección frente al riesgo de fuegos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio impulsa la elaboración de los planes de prevención de incendios en terrenos forestales, y de autoprotección frente al riesgo de fuegos que han de realizar los propietarios de los núcleos de población en terrenos forestales o en terrenos urbanos susceptibles de sufrir incendios, según ha informado el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco Zurera.

Zurera ha explicado que la Junta de Andalucía tiene como objetivo promover la redacción de estos instrumentos legales necesarios para aumentar la seguridad de las personas frente al riesgo de incendios forestales en verano en la Sierra de Córdoba. Actualmente, existen 45 núcleos de población en la llamada zona de interfaz urbano-forestal de la Sierra, que ocupan más de 2.000 hectáreas y que presentan un alto riesgo de sufrir incendios.

Todos los núcleos situados en terreno forestal están obligados por la Ley 5/1999, de 29 de junio de Prevención y Lucha y contra los Incendios Forestales, a redactar y ejecutar sus Planes de Prevención de Incendios en Terrenos Forestales, tramitados por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, así como sus Planes de Autoprotección frente al riesgo de incendio forestal, que han de tramitar los Ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de la capital. El delegado ha indicado que los diez núcleos en suelo urbano o urbanizable presentes en la Sierra de Córdoba sólo deberán ejecutar este último plan, según la normativa estatal y autonómica vigente.

La realización de estos dos instrumentos persigue el objetivo común y complementario de conseguir incrementar la seguridad para las personas y sus bienes, ha señalado Zurera, y ha añadido que en estas zonas no existen sólo núcleos de viviendas, sino también instalaciones especialmente sensibles frente al riesgo de incendios, como campamentos juveniles, residencias de la tercera edad, y granjas escuelas, entre otras.

Los núcleos situados en zonas forestales deben poseer planes de autoprotección que las doten de elementos como cortafuegos perimetrales o suficientes vías de acceso. En este sentido, el delegado ha recalcado que los incendios en la interfaz urbano-forestal “son un reto al que nos enfrentamos, donde la extinción se complica no sólo porque hay que atacar las llamas, sino sobre todo, salvaguardar la población que se puede ver en peligro”. Así, los objetivos principales de estos planes son establecer las medidas que los protejan de los incendios forestales y que garanticen la seguridad y la posible evacuación de las personas que puedan verse amenazadas por el fuego.

El Centro Operativo Provincial adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha centrado sus esfuerzos en los últimos años en dos líneas de actuación, el impulso a la tramitación de planes de prevención de incendios en terrenos forestales, y el impulso de tramitación de planes de autoprotección. La primera línea se ha centrado en el asesoramiento a propietarios, asociaciones vecinales y técnicos redactores, jornadas informativas, formación específica y redacción de documentos técnicos para la correcta tramitación y ejecución de las actuaciones preventivas, así como su difusión a particulares, asociaciones y administraciones.

La segunda línea de atención ha desarrollado las actuaciones mencionadas para la primera línea, a las que se ha añadido la detección de necesidad de plan de autoprotección en los expedientes de Plan de Prevención de Incendios, así como reuniones con representantes del Ayuntamiento de Córdoba y responsables técnicos de las áreas implicadas, y también asesoramiento al Consistorio en esta materia.

El delegado ha insistido en la importancia de impulsar la redacción de estos planes de prevención de incendios en terrenos forestales, y planes de autoprotección frente al riesgo de incendio forestal, puesto que “la prioridad son las personas, y hay que reducir el riesgo para las más de 30.000 personas que se trasladan a la Sierra en verano”.