¿Qué hacer si eres cliente de Vitaldent?

En 2014, en Córdoba, Facua denunció a una de las franquicias por la paralización de tratamientos a sus clientes | Los expertos insisten en que no puede haber ningún cambio en los contratos

Las organizaciones de consumidores Facua y OCU han mostrado su preocupación por el futuro de las franquicias Vitaldent y si garantizarán la atención a sus pacientes tras la detención este martes del propietario de la empresa matriz, Ernesto Colman, y más de una decena de miembros de su cúpula, acusados de delitos contra Hacienda, blanqueo, falsedad y estafa.

Ante la avalancha de pacientes que han comenzado a contactar con la asociación, Facua ha puesto en marcha una plataforma para informarles sobre sus derechos, a la que pueden sumarse en esta web, FACUA.org/vitaldent. No obstante, las organizaciones de consumidores insisten en que las clínicas siguen funcionando con normalidad.

“Lo primero es que legalmente no debe haber ningún cambio, los contratos deben de cumplirlos tal y como están firmados”, ha explicado esta mañana la portavoz de Facua, Angeles Castellano. Por tanto, la franquicia no puede subir, modificar o eliminar ningún precio o tratamiento de los pacientes por la operación policial ocurrida este martes.

Asimismo, tampoco puede cerrar la franquicia, y en caso de que ocurra, “hay que poner una reclamación ante la empresa, por un medio que quede constancia de la recepción de la reclamación (carta certificada y Burofax) y ante las autoridades de consumo de la comunidad autónoma competente”, añade Castellano.

Al respecto, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, recomienda “conservar las facturas y documentos que acrediten la relación contractual con la clínica”. Es aconsejable guardar cualquier documentación de demuestre la vinculación con la clínica y los servicios acordados, como el caso de presupuestos, contratos o facturas.

El pasado septiembre, Facua denunció a Vitaldent por eludir su responsabilidad con los pacientes que sufren problemas en sus franquicias. Las denuncias fueron remitidas a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad y a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social, y a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, al haberse producido en Cádiz las irregularidades que originaron las actuaciones de Facua.

Ninguna de las tres administraciones ha comunicado a la asociación si han adoptado medidas contra la empresa. La falta de información y la lentitud en la tramitación de las denuncias así como la falta de contundencia ante los fraudes son una práctica habitual por parte de las autoridades de protección al consumidor en España.

La denuncia se produjo después de que Vitaldent (Laboratorio Lucas Nicolás SL) se negase a asumir su responsabilidad ante la reclamación de Facua Cádiz en defensa de un usuario afectado por un mal servicio en una franquicia de Chiclana (Cádiz). Vitaldent indicó que carece de “legitimación pasiva” en relación a la responsabilidad de una incorrecta ejecución de un tratamiento odontológico en uno de sus centros franquiciados.

Cierre de una franquicia en Córdoba

En 2014, Facua también emprendió acciones ante el cierre de una franquicia de Vitaldent en Córdoba y la paralización de los tratamientos de sus pacientes. Facua Córdoba tramitó las reclamaciones de varios afectados y logró que la matriz garantizara su atención en otras clínicas franquiciadas. Otros usuarios tuvieron que acudir a los tribunales al desentenderse la empresa de sus obligaciones legales.

Campaña publicitaria denigrante

En 2012, Facua denunció una campaña publicitaria de Vitaldent ante las autoridades de protección al consumidor del Gobierno y varias comunidades autónomas por mostrar una imagen peyorativa y denigrante de los profesionales del sector y fomentar estereotipos xenófobos. Una vez más, las administraciones nunca aclararon si multaron a la empresa. Por su parte, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) llevó a la empresa a los tribunales. Dos años después, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid declaró que parte de la campaña había incurrido en publicidad lícita y desleal.

Con el eslogan Haz las paces con tu dentista, los spots presentaban a dentistas de dudosa profesionalidad, en varios casos con acentos de distintos países latinoamericanos, en un ambiente sórdido que provocaba el miedo en los usuarios hasta que éstos acababan huyendo. Otros anuncios comparaban dentistas muy ancianos, a los que incluso les temblaba el pulso, con los profesionales jóvenes y atractivos que supuestamente ofrece Vitaldent.

Desprotección de los pacientes

FACUA viene denunciando la situación de desprotección y desamparo en la que Vitaldent deja a sus clientes al negarse a otorgar ningún tipo de solución o alternativa ante el incumplimiento de una de sus franquicias. La asociación recuerda que Vitaldent no informa en ningún caso a los usuarios a través ni de la propia franquicia ni de la web o anuncios en diferentes medios a nivel nacional (internet, prensa, televisión, etc) de que la franquicia y la mercantil son empresas disociadas.

En su web, vitaldent.com, Vitaldent asume como propios los “más de siete millones” de clientes, pero luego no se hace cargo de los problemas que surgen en los centros. En el mencionado portal de internet anuncian un listado con “nuestras clínicas” sin especificar si son propias o franquicias: “cerca de 400 clínicas dentales en toda España”, indica, cuando además los diferentes centros con los que cuentan reciben todos el nombre de Vitaldent además de la ciudad en la que se sitúen.

LA OPERACIÓN DE LA UDEF, CON 13 DETENIDOS

Agentes de la Policía Nacional han detenido a trece personas y practicado 15 entradas y registros en el marco de la operación “Topolino” contra el fraude fiscal y blanqueo de capitales, dirigida por la Fiscalía Especial Contra la corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda (Madrid). Entre los arrestados figuran el dueño de Vitaldent y el responsable de la actividad de la empresa en Italia. En esta misma actuación se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor y una aeronave, según ha informado esta mañana la Policía Nacional.

En el día de hoy, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están llevando a cabo la fase operativa de una investigación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Hasta el momento se ha procedido al arresto del máximo responsable de una conocida cadena de clínicas dentales, del director general de la empresa para los establecimientos abiertos en Italia y de otros gestores, hasta un total de 13 personas. Del mismo modo se ha desarrollado el registro de las oficinas centrales de la empresa objeto de la investigación, de tres despachos de abogados y de los domicilios de los detenidos.

Delitos contra la Hacienda Pública, Blanqueo y falsedad documental

Los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la hacienda pública. Para evitar sus obligaciones fiscales, el máximo responsable de la empresa ingresaba los ingresos obtenidos de las franquicias de la marca en entidades bancarias de Suiza o Luxemburgo. Posteriormente parte de este capital era reinvertido en España mediante la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y otros artículos de lujo, culminándose de este modo un proceso de blanqueo.

Además de materializar los arrestos y registros, se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor y una aeronave valorada en un millón de euros. También está previsto el bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas objeto de investigación, repartidos en 25 entidades financieras, así como el bloqueo de los activos financieros de dos SICAV por importe de 5 millones de euros, y la prohibición de disponer de otras 103 fincas rústicas.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y dirigida por la Fiscalía Especial Contra la corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda (Madrid).