El senador y alcalde de Priego declara ante el juez por las oposiciones de los bomberos

Aunque está aforado, el senador y alcalde de Priego de Córdoba por el PSOE, José Manuel Mármol, ha acudido este viernes a declarar de forma voluntaria ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que investiga una denuncia por el supuesto amaño en las oposiciones a bomberos en la Diputación. Mármol ha entrado al juzgado sobre las 10:00 y ha salido sin hacer declaraciones a las 10:30. En su interrogatorio, ha negado los hechos por los que es denunciado y ha respondido a las preguntas que se le han planteado.

El papel de Mármol sería clave en la denuncia, ya que la acusación sostiene que “se organizaron oficialmente cursos de formación en el ámbito de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética, dirigidos en un principio a bomberos interinos que no contaban con puntuación suficiente en horas de formación”. La denuncia refiere la existencia de presiones por parte del alcalde de Priego de Córdoba a la hora de seleccionar a los alumnos, hasta el punto de descartar a interinos e introducir a personas que ni siquiera lo eran. Destaca cómo entre los méritos que se tendrían en cuenta en la oposición, se valoraría hasta en un 20% de la puntuación a otorgar a cada aspirante; y la formación 10 puntos. De estos últimos, hasta 6 de esos diez puntos lo serían por participación como asistente o alumno a cursos de formación, afirma el magistrado.

Este mismo jueves arrancaron las declaraciones con la presencia de la vicepresidenta y el gerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo y Juan Carandell, que negaron el supuesto amaño de las oposiciones a bomberos del Consorcio, según la acusación. En este sentido, desde la acusación han apuntado que los dos citados investigados han manifestado que desconocían todo, entre ello Dolores Amo ha mantenido que “no sabía nada”, aunque en algunos momentos ha habido “recuerdos parciales”.

Por otra parte, según la acusación, uno de los psicólogos investigados ha declarado que “no había fijación ninguna de criterios objetivos”, sino que actuaban conforme al “criterio profesional”, pero “se ha evidenciado que no tenían elaborado ningún perfil para la oposición”.

En cuanto al gerente del Consorcio, su abogado ha afirmado que están “muy satisfechos” de lo que ha declarado y que haya podido “dar las explicaciones que tenía que dar”.

De este modo, el letrado ha remarcado que ha negado los hechos por los que está investigado, al tiempo que ha aseverado que ha respondido a todo lo planteado por las partes personadas en la causa.

Las declaraciones continuarán la próxima semana, los días 6 y 7 de junio, donde están citados ante el juez bomberos supuestamente implicados en el presunto amaño. En el auto judicial, el juez señala a la supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, descubrimiento de secretos y aprovechamiento de información privilegiada.

Dolores Amo ya ha aclarado en el Pleno de la Diputación que se adoptaron “todas las garantías legales” en las oposiciones que, tras la denuncia de tres interinos que no lograron plaza, investiga ahora el Juzgado de Instrucción número 4.

Así, respondió a las 21 preguntas plateadas por el PP, divididas en tres bloques, el primero de ellos referido a las funciones del presidente y de la vicepresidenta del Consorcio, Antonio Ruiz y ella misma, respectivamente, mientras que el segundo bloque se refirió a cuestiones sobre el proceso selectivo, negando Amo haberse reunido con los interinos del Consorcio y que se organizasen por la Diputación cursos para ellos, no teniendo tampoco constancia de se les filtrasen preguntas de las pruebas.

En cuanto al tercer bloque, sobre por qué la Diputación no se ha personado en esta causa, en la que sí se ha personado como acusación particular el PP, Amo, quien recomendó a los populares que pidan “perdón” a los miembros del tribunal de las oposiciones por “poner en duda su honradez”, respondió que “no cabe” que la Diputación se persone como acusación particular, pues la institución “está defendiendo la legalidad del proceso selectivo”, como ya ha hecho en la vía contencioso administrativa.