PSOE e IU redactan una ordenanza cada uno para un mismo destino: agilizar las licencias

Dos partidos, dos socios de gobierno y un mismo destino: agilizar la concesión de licencias de obra y actividad en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, tanto el PSOE como IU (que es quien tiene delegadas las competencias urbanísticas en la ciudad) han redactado por su cuenta dos ordenanzas diferentes para agilizar estos trámites. Esta semana se han conocido ambas, hechas sin que el otro partido supiese lo que había hecho el primero, y viceversa. Este periódico ha tenido acceso a las dos. Ahora, el equipo de gobierno se tendrá que poner de acuerdo sobre cuál de ellas tramita: si la que el PSOE ha diseñado o la que IU le ha encargado a la Universidad de Córdoba.

Aunque, por mero reduccionismo, se esté tratando este asunto como un problema de ordenanzas, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, insistió el pasado lunes en que no era así, y que, hasta el momento, la única ordenanza redactada era la que él y su equipo encargaron a la Universidad de Córdoba y que redactó el catedrático de derecho administrativo Manuel Rebollo.

Rebollo atiende a Cordópolis por teléfono desde Madrid. Lo primero que dice es que desconoce el contenido de la llamada “Ordenanza de Desarrollo Económico” al detalle, la del PSOE, si bien, por lo que ha podido leer al respecto, tanto ésta como la que él ha redactado -que aborda únicamente la cuestión de la declaración responsable- coinciden en su objeto en buena medida, si bien “se solapan” en algunos aspectos.

Catedrático de la UCO desde 1994, Rebollo ha publicado trabajos sobre asuntos como la potestad sancionadora, ordenación pública del comercio, régimen local o responsabilidad y enriquecimiento injusto de la Administración Pública, entre otros, por lo que no le son ajenos los mecanismos municipales y de la propia gerencia. No obstante, aclara que la petición de Urbanismo fue estrictamente la de dotarse de una ordenanza local que regulara el procedimiento por el que se otorgan en la ciudad las declaraciones responsables, aunque dejara abierta la posibilidad de que más adelante se realizara otra sobre licencias municipales.

¿Y qué es la declaración responsable? Pues, atendiendo a la normativa de la Unión Europea, del Estado Español y de la Comunidad Autónoma, es el documento según el cual quien quiera iniciar una actividad así lo declara, y con ello ya puede abrir su negocio, mientras espera a que la administración le conteste. El papel de la administración, por tanto, consiste en inspeccionar a posteriori que se esté cumpliendo la legislación y la normativa y reaccionar ante los incumplimientos. Este proceso es, a grandes rasgos, el que establece la ordenanza desarrollada por la Universidad para la Gerencia Municipal de Urbanismo, tratando de “simplificarlo al máximo” y de reducir “al mínimo” la documentación burocrática al inicio.

Además, según ha resaltado su autor, la ordenanza se ha trabajado en base a la plantilla actual que hay en la gerencia en estos momentos y ha tomado en consideración la particularidad de este administración, que cuenta con funcionarios y personal laboral, “suficiente” a juicio de este experto, para gestionar con solvencia las declaraciones responsables, si bien también abre la puerta a que se cuente con la colaboración de empresas privadas en momentos de alta actividad.

Y es que, según aclara Rebollo, en la práctica Urbanismo ya está permitiendo que se inicie la actividad con la declaración responsable, si bien era necesaria una ordenanza que permita a los funcionarios y a los técnicos saber bien “a qué atenerse”. “Urbanismo estaba actuando todo lo bien que podía sin tener una norma a la que ajustarse, pero puedo decir que en materia de declaraciones responsables, necesita una ordenanza porque es imposible resolver muchas situaciones sin ella”, insiste el catedrático.

Rebollo asegura que la ordenanza en la que ha trabajado, que ahora tiene que incorporar las sugerencias de los funcionarios primero y de los políticos después, es “la que más tiende a la simplificación y a facilitar el inicio de actividad al pequeño empresario, que es a quién más favorece estas medidas”. “Al autónomo y a la microempresa todo esto se le hace un mundo. Y con esto se trata de hacérselo fácil al inicio de la actividad”, señala al respecto.

El resultado de su trabajo, según sus propias palabras, es la ordenanza “más estudiada y la más adecuada a la legislación europea, española y andaluza” de los ayuntamientos de su entorno. “Como la he hecho yo qué te voy a decir: es la mejor que hay”, ironiza el catedrático, que especifica que, en su elaboración, ha estudiado modelos vigentes en Málaga, Sevilla e incluso la Diputación de Córdoba, de las que ha integrado y desechado ideas.

El 'modelo Sevilla'

La alcaldesa ha insistido en varias de sus intervenciones sobre este asunto en que la ordenanza que ha impulsado se basa precisamente en la que ya se está aplicando en Sevilla (y en Bilbao). En la capital hispalense, curiosamente, esta normativa ya provocó un choque entre PSOE e IU. El portavoz de esta formación dijo en el Pleno del Ayuntamiento que con la modificación de esta ordenanza se estaban “creando falsas expectativas”, unas declaraciones no muy lejanas a las que emitió el pasado lunes Pedro García, que consideró que la ordenanza “no va a solucionar el problema en los ayuntamientos”.

Finalmente, el modelo de ordenanza que la alcaldesa ha tomado prestado de Sevilla salió adelante con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, y con el voto en contra de IU y la agrupación Participa (similar a Ganemos). A falta de un año para las próximas elecciones, no es descabellado pensar que la votación de cualquier de estas dos ordenanzas acabe provocando una fractura definitiva por la izquierda, aunque el objetivo, como casi siempre, sea el mismo.

En el caso del PSOE, la ordenanza encargada persigue un objetivo: que el trámite máximo para la concesión de las licencias sea de tres meses en todos los supuestos menos en aquellos que necesiten de un informe externo. Es decir, ya dependería de otra administración. En este caso, se simplifica qué necesita un informe de otra administración (casi siempre de la Junta): aquellas obras que afecten a bienes patrimoniales o que necesiten informes ambientales.

El texto, al que ha tenido acceso este periódico, quiere simplificar también las declaraciones responsables y mejorar el contacto entre el funcionario y el ciudadano. Así, se obliga al funcionario a responder en un plazo máximo de una semana desde que se entrega la petición, para que como muy tarde la resolución (positiva o negativa) esté en tres meses.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que seguir el modelo Sevilla o Bilbao significa también contar con dotar de más personal al área de licencias de la Gerencia.

¿Qué ordenanza saldrá adelante? Es la gran pregunta. Los socios de gobierno tendrán que sentarse a negociar una vez más y ver si son capaces de aprobar la normativa antes de que finalice el mandato. Quedan 12 meses escasos para que eso ocurra.