Rocío Ruiz traslada a Diputación la necesidad de que la subida en ayuda a domicilio llegue a las trabajadoras

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, ha mantenido un encuentro con representantes de la Diputación de Córdoba con el objetivo de trabajar en vías administrativas para que la subida del precio/hora de la ayuda a domicilio que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo sea efectiva en el sueldo de las trabajadoras a la mayor brevedad posible.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que, de hecho, la partida presupuestaria de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que prevé este incremento ha entrado en vigor en este mismo mes de marzo.

Ruiz ha señalado que “el objetivo de la Consejería de Igualdad es que el aumento se destine a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras”. “Tras más de una década en la que se ha ignorado e invisibilizado a estas mujeres, nuestro empeño es blindar este servicio en base a dos aspectos fundamentales: que las entidades locales contribuyan también a la subida del precio/hora y que velen para que sea efectiva”, ha dicho.

Además, ha detallado que la subida del precio/hora hasta los 14,6 euros desde los 13 euros en los que permanecía congelado desde 2007, “es el primer paso, pero nuestro compromiso con este servicio va más allá, ya que vamos a seguir avanzando en términos económicos y laborales para las más de 32.000 profesionales de la ayuda a domicilio”.

Así, Ruiz ha informado durante la reunión que su departamento “está trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto de Orden que regulará la prestación del servicio de ayuda a domicilio que publicaremos el próximo mes de abril. Para ello, también en este foro, tiendo la mano a la colaboración institucional con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita blindar la ayuda a domicilio, un servicio del que se benefician más de 101.000 andaluces en la actualidad”.

Por otra parte, ha destacado las novedades de la nueva Orden que se encuentra en proceso de redacción y que persigue, entre sus fines, establecer un régimen jurídico común de este servicio, unificando sus condiciones, tanto como prestación del Servicio Público de Servicios Sociales como de prestación derivada de la Ley de Dependencia de 2006.

La nueva Orden contempla un modelo de intervención de atención centrada en la persona, establece el proyecto de intervención social como procedimiento para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad y elimina la valoración de la situación económica en el baremo para el acceso de este servicio no vinculado a la Ley de Dependencia, que será tenido en cuenta solo para fijar la aportación al coste del servicio.

Con el fin de garantizar los derechos y deberes de los profesionales de la ayuda a domicilio, la consejera ha informado de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación. “Con la ayuda de este marco legal, la organización de este servicio puede mantener unas jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo y prohíbe la realización de servicios de menos de una hora”, ha expresado.

En dicho encuentro han participado también el secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, Daniel Salvatierra; la diputada del Parlamento Ana María Naranjo; el diputado provincial y presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez; y el gerente de dicho instituto, Francisco Javier Quijada, entre otros.

A 31 de diciembre del año pasado, 101.049 personas se benefician en Andalucía de esta prestación, lo que representa el 44 por ciento del total de personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el 40 por ciento del total de prestaciones de ayuda a domicilio en el conjunto de España.

Para ello, durante 2020, la Consejería de Igualdad ha transferido 442,26 millones de euros a los ayuntamientos y diputaciones provinciales en concepto de pago de las liquidaciones, lo que supone un incremento de 71,9 millones de euros más con respecto a lo abonado en 2018.