Los precios del alquiler de vivienda en La Carlota y Lucena suben a ritmo de ciudades muy tensionadas

Los precios del alquiler de viviendas en La Carlota y Lucena han subido más de un 15% desde el año 2015, según el informe que acaba de elaborar el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con estos números, tanto La Carlota como Lucena podrían ser declaradas zonas de alquiler tensionado, que es una figura jurídica prevista por la recién aprobada Ley de la Vivienda y en la que la administración tiene que tomar medidas para que los precios no se disparen.

De hecho, en La Carlota y en Lucena los precios del alquiler desde 2015 han crecido a un ritmo superior al de capitales de provincia como Madrid o Barcelona. Según el INE, los precios solo han subido más en Valencia, Palma, Málaga y Girona. El incremento de estos dos municipios cordobeses es superior, por ejemplo, a Guadalajara, una zona especialmente tensionada por su cercanía a Madrid.

De esta forma, y según el INE, entre 2015 y 2021 alquilar una vivienda en Lucena es un 15% más caro. Hacerlo en La Carlota se ha incrementado en más de un 16%. En Córdoba capital, por ejemplo, los precios han subido algo más de un 8%. Es decir, prácticamente la mitad que en estos dos pueblos cordobeses, los más dinámicos y donde más ha crecido la población también en los últimos años. Puente Genil también supera a Córdoba capital. En el municipio pontanés los precios del alquiler han crecido más de un 12%. En el resto de la provincia, el precio ha crecido de media un 4,6% en los últimos años.

En el 2021 postpandemia los alquileres subieron a un ritmo del 1,6%. Ese es el dato que ha publicado a mediados de 2023 el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que pone de relieve la lentitud con la que se van desglosando los datos oficiales sobre la evolución de los precios de los alquileres. Entonces, la guerra en Ucrania no estaba sobre la mesa, ni tampoco la espiral inflacionista en la que iba a derivar.

¿Qué es una zona tensionada y quién la puede declarar?

La declaración de zona tensionada está limitada a tres años (prorrogables de forma anual) siempre que se cumplan dos condiciones. La primera, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

La segunda condición, que el precio de compra o alquiler de las viviendas de esas zonas, en los últimos cinco años, haya crecido más de un 5% por encima del IPC de esa comunidad autónoma.

Esa declaración de zona tensionada no la decide el Gobierno, ni los ayuntamientos. El anteproyecto recoge que son “las administraciones competentes en materia de vivienda” las que pueden declarar “zonas de mercado residencial tensionado” en “aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado”. De esta forma, tienen que ser las comunidades autónomas las que reclamen que una zona de una ciudad esté tensionada en precios, ya que las competencias son suyas. Y, de entrada, todas las gobernadas por el PP ya han dicho que no tienen intención de solicitarlo. 

Además tiene que haber un plan para acabar con ese desequilibrio de precios. “Como principal efecto de la declaración de estos ámbitos tensionados es la redacción de un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios observados”, recoge el texto.