Los jornaleros del SAT que ocupan Somonte desde hace diez años son desalojados

Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que vienen ocupando desde hace diez años, con desalojos y nuevas ocupaciones consecutivas, la finca pública de Somonte, en Palma del Río (Córdoba), han sido desalojados este jueves de la misma por la Guardia Civil, que ha ejecutado así una orden judicial y, como en ocasiones anteriores, los jornaleros han prometido volver a ocupar dicha finca, propiedad de la Junta de Andalucía, para defender que “la tierra pública no se vende”.

Así lo ha anunciado, en un vídeo que ha distribuido por sus redes sociales y recogido por Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, quien ha recordado que esta ha sido “la undécima vez que nos desalojan”, pero ha avisado que “aquí no se rinde nadie, que volveremos”, de modo que, tras “un desalojo, otra ocupación”, porque “Somonte no se vende, se defiende”, manteniendo el SAT su objetivo de que sean jornaleros del entorno los que puedan cultivar sus 400 hectáreas.

Se da la circunstancia de que este nuevo desalojo se ha producido después de que el pasado marzo el SAT propusiera a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en el marco de una reunión mantenida en la propia Delegación de Agricultura en Córdoba, que saque a licitación, para que puedan concurrir a la misma “cooperativas de trabajadores” de Palma del Río y de municipios de su entorno, “el usufructo” de la finca de Somonte.

Así lo explicó en su momento, en declaraciones a Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, después de que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, anunciase que su Consejería opta, “preferentemente”, por enajenar en favor del Ayuntamiento palmeño Somonte y otras dos fincas de la Junta situadas en su término municipal, si bien ha precisado que también mantiene Agricultura con el SAT un “diálogo”, que “va por buen camino”, respecto al futuro de Somonte.

Ante esto, Óscar Reina detalló que de eso se trató en la citada reunión mantenida con el delegado de Agricultura de la Junta en Córdoba y técnicos de Agricultura y de la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia, asistiendo miembros de la dirección del SAT y algunos ocupantes de Somonte, quienes, ante la pretensión de la Junta de vender la finca, que el Consistorio palmeño entiende que debe seguir en manos de la Administración autonómica, le propusieron que mantenga la titularidad de Somonte y articule la fórmula legal para que la puedan explotar trabajadores del entorno.

De hecho, los responsables del SAT dejaron claro a Agricultura que “no queremos la propiedad de la tierra, sino que lo que estamos pidiendo, desde el primer momento, es que esa finca no se venda, que siga siempre siendo propiedad de la Junta Andalucía, es decir, de todos los andaluces”, a la vez que le transmitieron que “la fórmula más conveniente, para darle salida a la situación de Somonte, es que la cedan en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca”, es decir, de Palma del Río “y de los pueblos aledaños”.

Se trataría, según ha aclarado Reina, de sacar a licitación el usufructo de la finca, y que los jornaleros del SAT que la vienen ocupando, constituidos en forma de cooperativa de trabajadores, puedan “concurrir” a dicho proceso, pero “sin tener ningún tipo de privilegio”, más allá de la opción a presentarse “en igualdad de condiciones” que otras cooperativas de trabajadores de la comarca que también se puedan presentar.

Su objetivo es que la finca sea rentable para los jornaleros que la trabajen, mediante la referida fórmula del usufructo, y que “en ningún momento la finca se venda”, lo cual ha sido, precisamente, el objetivo que marcó la ocupación de Somonte por el SAT “el 4 de marzo de 2012” y por el que han mantenido la ocupación de la finca, con varios desalojos intercalados, hasta la actualidad.

Es más, al ser preguntados en la reunión sobre hasta cuándo seguirán ocupando Somonte, desde el SAT dijeron a la Junta que eso dependía de la propia Administración autonómica, pues “en cuanto se comprometa a que la finca seguirá siendo pública, a que no se va a vender y a que la fórmula” para solucionar la situación será la de “darla en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca, en ese momento levantaríamos la ocupación”, y desde la Junta les respondieron que “lo iban a estudiar”. Tras ello, ha llegado este jueves el undécimo desalojo de los ocupantes.