Somonte: 10 años de ocupación de la finca pública que la administración no quiere y los jornaleros piden seguir trabajando

El 4 de marzo de 2012, jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocuparon la finca pública Somonte en Palma del Río (Córdoba). Desde entonces, los jornaleros han sido desalojados y han vuelto a ocupar hasta en nueve ocasiones esta enorme finca agrícola, propiedad de la Junta de Andalucía y que estaba sin cultivar. Los jornaleros la adecuaron, la cultivaron y cosecharon, y convirtieron Somonte en un ejemplo de su lucha. Durante una década, Somonte ha sido una especie de faro de su lucha, con sus idas y venidas, problemas con la Guardia Civil y con la propia Junta. En febrero de este año, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia que daba vía libre a la Junta de Andalucía para tomar posesión de nuevo de la finca y que complicaba mucho futuras ocupaciones. Y, ahora, después de 10 años, la administración quiere deshacerse de una finca que los jornaleros quieren seguir trabajando y produciendo.

Las 400 hectáreas de Somonte, con sus cuatro viviendas y cuatro naves, han dado cobijo en este tiempo a un grupo de jornaleros que vive en la finca a los que, durante las campañas más fuertes de trabajo, se les unían varios grupos de trabajadores más para sacar la producción adelante. Los cultivos en la finca –de la huerta, además de girasol, trigo, garbanzos y olivos, entre otros–, así como las cabezas de ganado entre cabras y ovejas, han compuesto la producción que en estos años han conseguido sacar adelante.

Ahora, con la Justicia dando la razón a la Junta de Andalucía como propietaria, la administración andaluza ha anunciado esta semana que pretende enajenar la finca de Somonte en favor del Ayuntamiento de Palma del Río. Y, por su parte, el Ayuntamiento de Palma del Río señala que ha tenido contacto alguno al respecto con la Junta y considera que esta finca es propiedad de la ésta y debe seguir en manos de la administración autonómica.

Propuesta de licitación del usufructo

Mientras, quienes han ocupado y trabajado la finca durante la última década, quieren seguir haciéndolo. De hecho, el SAT ha hecho llegar su propuesta a la Junta de Andalucía en una reunión mantenida el pasado 4 de marzo, apuntando la posibilidad de que la administración autonómica saque a licitación “el usufructo” de la finca de Somonte, para que puedan concurrir a la misma “cooperativas de trabajadores” de Palma del Río y de municipios de su entorno.

En dicha reunión entre el SAT y la Junta, ante la pretensión de la administración andaluza de vender la finca, los representantes de los jornaleros propusieron que mantenga la titularidad de Somonte y articule la fórmula legal para que la puedan explotar trabajadores del entorno. De hecho, los responsables del SAT dejaron claro a Agricultura que “no queremos la propiedad de la tierra, sino que lo que estamos pidiendo, desde el primer momento, es que esa finca no se venda, que siga siempre siendo propiedad de la Junta Andalucía, es decir, de todos los andaluces”, a la vez que le transmitieron que “la fórmula más conveniente, para darle salida a la situación de Somonte, es que la cedan en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca”, es decir, de Palma del Río “y de los pueblos aledaños”, según confirmaron a Europa Press.

Se trataría así de sacar a licitación el usufructo de la finca y que los actuales ocupantes y otros jornaleros del SAT, en forma de cooperativa de trabajadores, puedan “concurrir” a dicho proceso, con la opción de presentarse “en igualdad de condiciones” que otras cooperativas de la comarca que también se puedan interesar.

De momento, se mantiene abierto el diálogo entre el SAT y la Junta. “En cuanto se comprometa a que la finca seguirá siendo pública, a que no se va a vender y a que la fórmula” para solucionar la situación será la de “darla en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca, en ese momento levantaríamos la ocupación”, aseguran. Y confían en que la Junta estudie su propuesta.

Idas y venidas en los tribunales

Hay que recordar que las diferentes ocupaciones de Somonte han concluido todas, hasta ahora, con desalojos efectuados por la Guardia Civil en aplicación de resoluciones judiciales. Así ha sido desde que unos 500 jornaleros y afiliados del SAT ocuparon la finca por primera vez en marzo de 2012.

Ocho miembros del SAT fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las ocupaciones, a la vez que el juzgado también absolvió a principios de 2018 a otras 48 personas denunciadas por la ocupación de la finca pública de Somonte.

El juez absolvió a los procesados en base a que “el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia, porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales”, prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según apuntaron fuentes judiciales.