El Supremo declara firme que la Junta es propietaria de la finca que lleva una década ocupada por jornaleros

Imagen de archivo de jornaleros en Somonte

En 2012, varios jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocuparon una gran finca agrícola en Palma del Río, Somonte. Desde entonces, los jornaleros han ocupado hasta en nueve ocasiones esta enorme finca agrícola, propiedad de la Junta de Andalucía y que estaba sin cultivar. Los jornaleros la adecuaron, la cultivaron y cosecharon, y convirtieron Somonte en un ejemplo de una de sus grandes luchas, heredera de la de los años ochenta que pedían una reforma agraria que nunca llegó a producirse en Andalucía. Durante una década, Somonte ha sido una especie de faro de su lucha, con sus idas y venidas, problemas con la Guardia Civil y con la propia Junta. Ahora, el Tribunal Supremo acaba de ratificar una sentencia que da vía libre a la Junta de Andalucía para tomar posesión de nuevo de la finca y que complica mucho futuras ocupaciones.

La Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del Sindicato Andaluz de Trabajadores después de dos sentencias que afirmaban que Somonte es propiedad de la Junta de Andalucía. Los fallos judiciales provienen del Juzgado de Primera Instancia de Córdoba y de la propia Audiencia Provincial. En ambos casos se certificaba la titularidad de la propiedad por parte del gobierno andaluz.

El SAT presentó un recurso ante el Supremo argumentando falta de jurisdicción, pero no rechazando los argumentos de la Junta de Andalucía para reclamar la posesión de esta finca. Ahora, con la ratificación en la mano, la Junta de Andalucía tiene todos los parabienes legales para retomar la posesión de la finca de Somonte.

Las diferentes ocupaciones de Somonte han concluido todas, hasta ahora, con desalojos efectuados por la Guardia Civil en aplicación de resoluciones judiciales. Así ha sido desde que unos 500 jornaleros y afiliados del SAT ocuparon la finca por primera vez en marzo de 2012.

Ocho miembros del SAT fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las ocupaciones, a la vez que el juzgado también absolvió a principios de 2018 a otras 48 personas denunciadas por la ocupación de la finca pública de Somonte.

El juez absolvió a los procesados en base a que “el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia, porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales”, prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según apuntaron fuentes judiciales.

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