El edil que denunció internamente el caso de Pozoblanco: “Que la Fiscalía no vea delito no impide que sea irregular y reprobable”

El edil del Ayuntamiento de Pozoblanco que denunció internamente el caso del joven que cobró sin trabajar, Gerardo Arévalo, ha insistido en que los hechos no han quedado “zanjados”, tal y como ha asegurado el alcalde del pueblo, Santiago Cabello, y ha recordado que pese a que la Fiscalía ha archivado la denuncia por prevaricación y malversación, el Ministerio Público sí pone de manifiesto las “irregularidades” y la “duplicidad de contratos” que se han producido.

Cabe recordar que Arévalo pertenecía al grupo municipal popular pozoalbense hasta el pasado 11 de marzo de 2024, cuando quienes hasta entonces eran sus compañeros decidieron expulsarlo por su “falta de lealtad” y por centrarse “en sus ambiciones políticas y personales”. Una semana antes fue cesado de todas sus competencias.

Tal y como Cordópolis ha ido informando, el edil denunció internamente el caso ante el alcalde, a quien le pidió que solucionara la situación, hecho que no ocurrió. Por ello, en su comunicado, Arévalo insiste en que Cabello “ha tenido conocimiento” de la contratación del joven, hijo de su secretaria, así como de los pagos que se le realizó en su momento“. Una vez que el edil entró como concejal en el Ayuntamiento, le pidió al alcalde ”en numerosas ocasiones que solicitara la devolución de las cantidades indebidamente cobradas“. ”Ante su inacción“, continúa, ”me vi obligado a denunciar de manera interna las irregularidades y a requerir al hijo de su secretaria para que justificara por qué no devolvía las citadas cantidades. La decisión del alcalde no fue exigir la devolución de las cantidades, sino expulsarme del grupo popular.

Sobre el reintegro de las cantidad, Arévalo sostiene que “si el Ayuntamiento de Pozoblanco ha recuperado el dinero indebidamente pagado es por las personas que hemos solicitado que se devuelva, haciendo lo correcto, y no precisamente por el alcalde”.

En relación al archivo de diligencias, explica que las mismas son “preprocesales, no un procedimiento definitivo judicial. De hecho, las actuaciones preprocesales deben servir para localizar y asegurar las posibles fuentes de prueba, más que para instruir (investigar). La Fiscalía ha basado su archivo, única y exclusivamente, en un informe realizado por el Secretario en funciones, cargo nombrado por el alcalde en plena crisis mediática, tras el traslado de la secretaria con habilitación nacional”. Sobre esto, el Ministerio Público no ha llamado a declarar a nadie, “por lo que los hechos se pueden denunciar ante el juzgado e iniciar el correspondiente procedimiento judicial”. 

Asimismo, Arévalo hace una distinción entre los delitos de prevaricación y malversación, y las infracciones administrativas. “Que los hechos ”investigados“ por ahora no constituyan delito a juicio de la Fiscalía no significa que no sean inmorales e irregulares. Esto último ha sido afirmado de manera clara en el decreto de archivo. Los hechos han sido lo suficientemente graves e irregulares como para que esta haya abierto un proceso de investigación. Sin embargo, tras el citado informe emitido por el secretario del Ayuntamiento de Pozoblanco, y gracias a que se devolvieron las cantidades, se ha estimado que, a priori, no es lo suficientemente grave para que sea delito, dado el principio de intervención mínima del derecho penal”.inmorales y políticamente reprobables. 

Además, insiste que “haber realizado la devolución de las cantidades no solo ha sido el principal motivo del archivo, sino que se hubiese evitado todo este problema”, y recuerda que la Fiscalía señala hasta en tres ocasiones que ha habido “irregularidades en la contratación”. De las mismas “es responsable el propio Santiago Cabello; la única persona que tenía un vínculo de afinidad con el beneficiado. Por lo tanto, si alguien tiene que asumir responsabilidades por lo ocurrido es él. No sé de qué gran mentira habla. Me da pena que haya gente que sea engañada, otra vez”, concluye el edil.