¿Privatizar el alumbrado o jugarse 750.000 euros?

El Ayuntamiento pide una prórroga hasta octubre para evaluar una auditoría ligada a un préstamo que supone externalizar el servicio de mantenimiento

El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el recién formado bipartito de PSOE e Izquierda Unida, se encuentra ante un dilema: aceptar la privatización del mantenimiento del alumbrado público o negarse y arriesgarse a perder el préstamo de 750.000 euros que le dio el Deutche Bank para pagar una auditoría energética vinculada a esa externalización.

Esta mañana, el socialista Emilio Aumente, concejal responsable de la gestión municipal ha insistido en que no se va a privatizar el servicio

pero ha reconocido, junto a la edil de Infraestructura, Amparo Pernichi (IU) que estudian medias para no perder el préstamo. La decisión de si aceptan o no la auditoría -y la privatización que implica- se ha de tomar antes de finales junio, pero han pedido una prórroga hasta el 31 de octubre.

La auditoría se ha presentado en varias ocasiones, pero los servicios técnicos del Ayuntamiento la han ido devolviendo, apreciando distintas necesidades de mejora o ampliaciones necesarias. Pernicihi, en este sentido, ha alabado la labor de los funcionarios municipales.

La incógnita que trata de despejar el actual ejecutivo local parte de una iniciativa de la UE para mejorar la eficiencia energética del alumbrado urbano. A esta iniciativa se adhirió voluntariamente el anterior gobierno. “Entre otras cosas, buscaba la reducción del 20% de las emisiones de gases con efecto invernadero y el aumento de un 20% de las energías renovables. Algo que todos aceptamos”, indica Pernichi. “Pero para llevarlo a cabo, tenías que aceptar una auditoría que te diría cómo hacerlo. El problema es que el estudio estaba vinculado a un préstamo bancario y a una privatización de los servicios de mantenimiento del alumbrado público”, añade.

El nuevo equipo estudia qué hacer. “Hemos pedido la prórroga para ganar tiempo. Queremos estudiar la posibilidad de aprovechar lo que de bueno tiene la auditoría sin tener que privatizar los servicios”, apunta Pernichi.

Las salidas son complicadas porque la gestión municipal está constreñida por las medidas del control del déficit del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP). Unas líneas rojas que limitan enormemente el gasto corriente, impidiendo la reposición de la plantilla, limitando la contratación y el gasto en salarios, Como consecuencia, la política está diseñada para que los Consistorios vean como una salida lógica -y aceptada por el Gobierno central- externalizar (privatizar) los servicios.

PSOE e IU están tirando de ábaco para tratar de reconducir la situación, haciendo confluir sus promesas de campaña -mantener el carácter público del servicio- sin la pérdida del 750.000 en tiempos de crisis.

La privatización del alumbrado publico ha sido uno de los frentes de confrontación entre los trabajadores y el anterior equipo de gobierno, del PP. Las tensión llegó a traducirse en acusaciones de boicot por parte del Ejecutivo, ante apagones en momentos clave, como la feria de mayo.