El PP se abstiene de declarar 'non gratos' en la provincia a los miembros de 'La Manada'

El grupo del PP en la Diputacción de Córdoba se ha abstenido de declarar personas non gratas en la provincia a los cinco integrantes del grupo de La Manada, condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales pero no agresión a una chica en los sanfermines de 2016. Los populares, sin embargo, sí votaron a favor una moción similar esta misma semana en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, así como en otras diputaciones de Andalucía.

Los populares han argumentado su abstención al no querer calificar como “violación” los hechos ocurridos, tal y como se defiende en el primer punto de la moción aprobada con los votos a favor del PSOE, IU, Ciudadanos y Ganemos.

El punto de acuerdo en cuestión señala que, “desde el respeto a las decisiones judiciales y a la separación de poderes, expresamos nuestra incredulidad ante la sentencia  de la Audiencia de Navarra en el juicio de La Manada, no entendiendo cómo puede ser calificada como abuso sexual y hurto leve una violación en grupo, en un claro ejemplo de que el sistema judicial no es ajeno a la visión patriarcal de nuestra realidad, perpetuando con esta sentencia el mensaje machista que tanto combate esta Diputación provincial”.

El resto de los acuerdos aprobados son similares a los aprobados en el Ayuntamiento este martes, mostrando el apoyo y la solidaridad de la Diputación a la víctima de La Manada, a sus familiares y entorno, además de declarar personas non gratas a los cinco miembros del grupo: José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio Manuel Guerrero, este último guardia civil que prestaba servicio en Pozoblanco.

Asimismo, la Diputación apoyará las movilizaciones que se desarrollen en Córdoba y provincia en relación a estos hechos,así como el ocurrido en Pozoblanco que está pendiente de juicio y donde una chica acusa a cuatro de estos jóvenes de abusos sexuales.

De igual forma, se insta al Gobierno para reformar los artículos del Código Penal que regulan los delitos  contra la libertad e identidad sexual, así como impulsar las iniciativas parlamentarias en apoyo al Convenio de Estambul, como señala el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.