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El Pleno aprueba por unanimidad pedir que el Ayuntamiento pueda usar el superávit para afrontar la crisis

Un grupo de personas sin hogar que serán alojados en el Colegio Mayor Séneca | ALEX GALLEGOS

Carmen Reina

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Los seis grupos con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba han aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno central que el Consistroio pueda utilizar la totalidad de su superávit para poder afrontar las distintas políticas necesarias ante la crisis social y económica provocada por el coronavirus.

La propuesta inicial ha partido del PP, partido que, cuando estaba en el Gobierno central, aprobó la regla de gasto que impedía a los ayuntamientos utilizar el supéravit en inversiones propias. Ahora, con el respaldo de todos los grupso políticos, y con el acuerdo de los ayuntamientos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los consistorios piden poder utilizar ese dinero para atender las necesidades que el coronavirus y la crisis ha puesto sobre la mesa.

La moción, al haberse consensuado, no se ha debatido en el Pleno telemático celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Córdoba. La propuesta recoge los acuerdos adoptados por la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, que representa al conjunto de los ayuntamientos, de todos los colores políticos.

Así, incluye medidas financieras, como que el Gobierno de España, en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, flexibilice la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit, con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en la Disposición Adicional sexta de la referida Ley Orgánica.

En ese sentido, podrá destinarse el superávit a cualquier tipo de actuación, ya sea gasto corriente o inversión, y prioritariamente a atender los gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad ciudadana, limpieza, residuos y desinfección y cualquier otra actuación dirigida a atender a la población más vulnerable como consecuencia de la situación actual de estado de alarma declarada por el Gobierno.

En medidas de empleo, se solicita la recuperación del contrato temporal de inserción de la 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, únicamente para su uso exclusivo por parte de las administraciones públicas.

A través de ello, los municipios pueden realizar las contrataciones al amparo de los planes de empleo con seguridad jurídica, con el fin de que las políticas activas de empleo que se pongan en marcha, independientemente de la administración que lo haga, tengan el mayor impacto sobre la sociedad.

De la misma manera, se propone la autorización por el Estado del déficit de las comunidades autónomas para el desarrollo o ampliación de los planes locales de empleo.

Respecto a medidas de contratación pública, se propone que las entidades locales puedan adquirir bienes y contratar los servicios y suministros necesarios para hacer frente a sus efectos, mediante la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En este apartado también se propone la eliminación de la tasa de reposición para los ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes, así como garantizar el aprovisionamiento de toda clase de materiales de protección y prevención en los entornos de trabajo.

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