Piden prisión a un acusado de edificar una casa y construir una piscina en suelo no urbanizable

La Fiscalía ha pedido penas de un año y seis meses de prisión para un acusado de un delito contra la ordenación del territorio en una zona de especial protección por valor paisajístico, tras supuestamente edificar una casa prefabricada y construir una piscina en suelo no urbanizable en el término de la capital cordobesa.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, en abril del año 2015 se levantó un acta de inspección para comprobar el cumplimiento de una medida cautelar anterior en relación con una perrera y se puso de manifiesto por los agentes que el procesado había promovido las citadas construcciones “sin solicitar licencia administrativa”.

En concreto, la casa prefabricada era de unos 40 metros cuadrados y se situaba sobre solera de hormigón que “también había colocado”, mientras que la piscina era de 32 metros cuadrados, todo ello en una parcelación del paraje denominado Huertas de Cabra en la carretera N-432.

Al respecto, se trata de una parcela de 66.836 metros cuadrados de superficie y 581 metros cuadrados construidos. El suelo está regulado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba como suelo no urbanizable de especial de especial protección por planificación territorial o urbanística en la subcategoría de espacios forestales de la Sierra.

Por tanto, “no son autorizables la edificación y construcciones realizadas conforme al propio PGOU y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)”, según indica la Fiscalía.

En este sentido, explica que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha incoado un procedimiento sancionador, en el que ha dictado “una resolución ordenando la suspensión del procedimiento por dación de cuenta de los hechos al Ministerio Público y de restauración de la legalidad urbanística”.

También, precisa que “en el momento actual las construcciones y edificaciones promovidas por el denunciado están terminadas”. Además de la pena de prisión, el fiscal ha solicitado el pago de una multa de 7.200 euros y demoler “lo ilegalmente construido”.