Piden año y medio de cárcel al exgerente de Mercacórdoba por plagio

El Ministerio Público solicita para el exgerente de Mercacórdoba, Juan José Capó Ivars, una pena de año y medio de cárcel por plagiar un proyecto de explotación de las redes sociales para la empresa que dirigía. Asimismo, solicita a Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba (Mercacórdoba) una multa de 100.000 euros y la inhabilitación de un año y medio para pedir subvenciones, ayudas o contrataciones públicas, así como beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social.

El proceso abierto por el Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba tiene su raíz en 2012, cuando el exgerente de Mercacórdoba ofreció al administrador único de una empresa especialista la redacción de un estudio para explotar la red de servicios de comunicaciones de la Unidad Alimentaria que Mercacórdoba tiene en la capital. Este documento debería contener las bases sobre las que se estructuraría el futuro proyecto definitivo de instalación y ejecución de las infraestructuras de todo el sistema de comunicaciones y redes internas del complejo de Mercacórdoba.

Finalmente, las dos partes no llegaron a un acuerdo para la redacción del proyecto final. Es entonces cuando la Fiscalía mantiene que el acusado “tomó la iniciativa de aprovechar el proyecto de ejecución de la red de telecomunicaciones de la unidad alimentaria” de la mallorquina Mercapalma -y realizada por el perjudicado- para ordenar a los técnicos de Mercacórdoba que redactasen su propio proyecto sin la autorización ni conocimiento de su legítimo autor.

El Ministerio Público recuerda que el proyecto de Mercapalma se encontraba en la web de la propia entidad balear, accesible para todo el mundo. Pero en las labores de copia, afirma el escrito de calificación, los técnicos cordobeses no se esmeraron demasiado, pues dejaron el texto plagado de referencias al proyecto original con el propio nombre de Mercapalma y pasajes literales enteros.

Una vez completo el texto, el Consejo de Administración de Mercacórdoba acordó en mayo de 2013 ofrecer públicamente la ejecución de las obras de infraestructura de la red de telecomunicaciones con un presupuesto de 197.120 euros. En ese momento, el perjudicado se percató del presunto plagio y trató de que se retirase la oferta, se le compensase económicamente y se reconociese públicamente la copia. Al no llegarse a un acuerdo, el caso terminó en los tribunales.