Piden la absolución de los joyeros que no declararon a Hacienda

Una imagen de archivo en una operación de la Policía contra el tráfico de oro.
Las defensas de los cinco acusados que están siendo juzgados solicitan su libre absolución

Los abogados de los cinco acusados de traficar con oro y no pagar a Hacienda han pedido la nulidad de las pruebas en las que se fundamentan las imputaciones y, por tanto, la libre absolución de sus defendidos. Los letrados se basan en la sentencia de un juzgado de Orense que llevó un caso derivado de la misma operación Fénix que motivó el arresto de los acusados en Córdoba. Los letrados han criticado la labor de la Inspección de Hacienda de Barcelona que dirigió aquella operación.

En total, la Fiscalía Provincial de Córdoba calcula que estas cinco personas habrían dejado de pagar más de un millón de euros en impuestos solo en el ejercicio de 2006. Además, la acusación pública solicita importantes penas de cárcel para estas cinco personas, a las que acusa de hasta tres delitos contra la Hacienda Pública.

Así, y según la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, esta red estaría formada por un padre y un hijo (R. P. C. y J. P. D.), propietarios de dos empresas, que se enfrentan a una pena de nueve años y nueve meses de cárcel cada uno. Además, estaría implicada la empleada contratada en estas dos empresas, E. G. C., que se enfrenta a una pena de cárcel de siete años y tres meses. También dos compradores de oro, que posteriormente revendían: M. L. F. y M. N. B., que se enfrentan a otros cinco años y medio de cárcel.

Según la calificación, el padre y el hijo poseían dos empresas de compraventa de metales preciosos que tenían el mismo domicilio social pero distinto fin. Así, se relacionaban entre ellas para evitar la acción del fisco. La Fiscalía asegura que en vez de facturas las operaciones corrientes entre las dos compañías se hacían mediante tickets. Así, era imposible identificar a los compradores. Una de las dos compañías, por sus estatutos, no estaba obligada a presentar el modelo 307 ante la Hacienda Pública en aquellas operaciones financieras inferiores a los 3.000 euros.

Mediante este sistema, la Fiscalía Provincial de Córdoba estima que se defraudó un total de 1,045 millones de euros durante el ejercicio de 2006. Por otra parte, la acusación pública sostiene que los dos compradores adquirían a través de estas empresas importantes cantidades de oro para revenderlo posteriormente a sus clientes sin presentar la preceptiva declaración de la renta. Así, se señala que solo entre el 21 de junio de 2006 y el 3 de noviembre de ese año se formalizaron operaciones de compraventa de oro que superaban el 1,9 millones de euros.

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