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Pérez Giménez cierra un capítulo pero, ¿empieza otro?

Manifestación de trabajadores de Pérez Giménez.

Manuel J. Albert

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El juicio en vista pública contra los administradores  de la compañía se celebra esta mañana para determinar si se les imponen medias cautelares por el estado de ruina de la firma

Todo indica que Laboratorios Pérez Giménez puede estar cerrando uno de los pasajes más tristes y duros de su historia. La semana pasada se abrieron las plicas con las ofertas de tres compradores para quedarse con esta empresa, concursada desde hace medio año por orden del juez de lo Mercantil de Córdoba, Fernando Caballero. Probablemente, en los próximos días se sepa cuál de ellas se queda finalmente con esta firma arruinada y famosa por fabricar el Calmante Vitaminado. Un momento que supone un punto de inflexión que coincide, además, con el juicio en vista pública que se celebrará hoy a las 10.00 contra los administradores de hecho y de derecho de la compañía, para determinar si se les imponen medias cautelares por el estado de ruina de la firma.

Una situación que en Pérez Giménez nadie podía imaginar en 2009, cuando comenzó a funcionar su flamante fábrica de tres hectáreas en Almodóvar del Río (Córdoba) y que empleaba a más de 220 trabajadores. Pero los problemas empezaron muy pronto, cuando en 2010 la familia Pérez Giménez, acuciada por una deuda de 49 millones, vendió la empresa por un euro simbólico a unos nuevos inversores aglutinados en la sociedad Tecris.

Pero durante el siguiente años, las cosas fueron de mal en peor. Los trabajadores empezaron a alarmarse por cómo la producción bajaba en picado. Y se desató una lucha interna por el poder entre los socios. Un combate que terminó en un concurso de acreedores que supuso un plan de liquidación equivalente al despido de 42 trabajadores, la aplicación de un despido temporal de 91 y la reducción de jornada de los 30 empleados restantes.

Más de medio año después, hay tres empresas que apuestan por adueñarse de la firma cordobesa: las andaluzas Magtel, LPG Pharmula y la madrileña Normon. El sindicato mayoritario en los laboratorios mira de reojo a LPG Phármula que, según afirman, está vinculada a Gesgfacor, firma del último dueño de los laboratorios. Su entorno presentó un convenio a los administradores concursales en abril -antes de la liquidación- que los sindicalistas siempre rechazaron.

“Si la actual oferta es mejor, eso quiere decir que la negativa de CTA a apoyar aquel convenio estaba plenamente fundamentada; y que la postura de otras secciones sindicales fue la de más vale pájaro en mano, sin pararse a valorar si ofrecían un acuerdo conveniente para los trabajadores y un precio justo por la empresa que garantizase a los compañeros el cobro total de su deuda”.

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