Lucía no va a clase para proteger a su hermano: sus padres piden un informe para que no pierda su plaza

Cuando la pandemia del coronavirus irrumpió en marzo, obligando al Gobierno de España a declarar el confinamiento, poco cambió en la vida de Antonio, Ángela y sus dos hijos. El encierro en casa y las medidas extremas de limpieza han sido la tónica general de esta familia desde que el pequeño nació hace 18 meses. Su prematuriedad le provocó displasia broncopulmonar, una enfermedad que se ha demostrado ser un factor de riesgo importante ante el covid. Ante el miedo, estos padres han decidido que su hija de tres años, Lucía (nombre ficticio), no acudiera al colegio. Ahora luchan por conseguir un informe médico que acredite esta situación particular y evitar que la menor pierda su plaza en el CEIP Salvador Vinuesa.

Los primeros días de vida de Fran (nombre ficticio) no fueron nada fáciles. Por causas que aún desconocen, Ángela dio a luz mucho antes de llegar a término. Once días después del parto, el pequeño sufrió un derrame pulmonar cuando estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Permaneció hospitalizado durante 76 días, de los que 56 estuvo en la UCIP. Siempre precisó de respiración artificial y en alguna ocasión, incluso, tuvo que ser entubado. Entre las secuelas que padece a consecuencia de estas complicaciones es la displasia broncopulmonar, una enfermedad crónica frecuente en los prematuros.

A su vuelta a casa, la familia empezó a aplicar un protocolo de higiene constante dada la debilidad del pequeño. La neonatóloga que lo atiende emitió también un informe de recomendaciones a seguir para evitar que Fran enfermara de alguna manera. Entre estas medidas, tal y como ha constatado este periódico, recomendó evitar evitar que los hermanos usen la misma habitación o que tengan contacto y que los padres limitaran su exposición lo mínimo posible. Actualmente, Antonio trabaja mientras que Ángela permanece en casa. Llevan meses sin ver a sus familiares y si van al parque no acuden al que hay en su urbanización, sino que se trasladan hacia otro más lejano, que suele estar solitario.

“La mascarilla es lo único que nos ha cambiado a nosotros. Antes no la llevábamos y ahora, sí”, explica el padre del pequeño, que afirma que siguieron estas recomendaciones y su hija no fue a la guardería. Acudir a la escuela infantil podría provocar que un pequeño resfriado en Lucía se convirtiera en una verdadera complicación en el estado de salud de Fran. Ante los pronósticos sobre el avance de la pandemia, ahora vemos que no del todo certeros, Antonio y Ángela decidieron matricular a su hija en el CEIP Salvador Vinuesa. Sin embargo, el aumento de los contagios, la no obligatoriedad de mascarillas en esta etapa escolar y las deficientes medidas de seguridad les han obligado a decidir que Lucía no acuda a clase.

Según explica el progenitor a CORDÓPOLIS, la reunión de padres del colegio de comienzos de septiembre no les dejó tranquilos: “El centro ha hecho magia con los pocos recursos que les dan, pero los niños están exentos de mascarilla y hay 25 alumnos matriculados entre los que no se mantiene la distancia de seguridad. Además, y aunque la profesora lo intente, al fin y al cabo son niños que en algún momento pueden que compartan sus cosas”. El temor de estos padres no es infundado. Ya la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha certificado que la displasia broncopulmonar es una enfermedad de riesgo que no sólo podría suponer el ingreso del menor en la UCIP sino, también, su fallecimiento.

Con la esperanza de que las recomendaciones recibidas el pasado año relativas a no llevar a Lucía a la guardería se hicieran extensibles a la siguiente etapa escolar, los padres de Fran solicitaron dicho informe tanto a la pediatra como la neonatóloga. Mientras que esta última les aseguró no tener la competencia de emitir dicho documento, la pediatra tan sólo pudo facilitarles un escrito en el que consta la enfermedad de Fran. Antonio y Ángela lo remitieron a la dirección del CEIP Salvador Vinuesa que, tras una consulta a Inspección de Educación de la Junta de Andalucía, afirmó que ese documento no era válido. “Debe poner que se desaconseja que Lucía vaya a clase, pero ningún profesional nos quiere emitir ese documento”, se queja Antonio.

A este respecto, la Junta de Andalucía -en su circular sobre las medidas de flexibilización curricular y organizativas- sólo contempla que estos informes se circunscriban a los menores que sufran patologías y que por prescripción médica se desaconseje su asistencia a clase, pero no a su círculo más cercano, como es el caso de los hermanos.

En el caso de que finalmente esta familia consigan ese documento, los padres no reclaman enseñanza online “o que un profesor acuda a casa” dado que es la madre la que le está enseñando los conocimientos propios de esta etapa escolar. “Sabemos que no es obligatorio que Lucía vaya al colegio, pero la matriculamos porque como padres pensamos que el colegio es el ambiente en el que debe estar, pero no podemos poner en riesgo la vida de nuestro otro hijo. Tan sólo pedimos que la falta de asistencia a clase no tenga consecuencias que, en su caso, sería la pérdida de la plaza. Este CEIP es el colegio que se le ha asignado, público, y queremos que ese sea su centro escolar”, suplica este padre, que se solidariza con aquellas familias que, en su misma situación, se enfrentan a consecuencias más graves al tratarse de enseñanza obligatoria. “La solución no es sancionar o amenazar, sino estudiar cada caso y buscar soluciones”, concluye.