Zona privada de uso público en Córdoba: los vecinos no podrán cortar el acceso

Este lunes, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado un borrador de convenio por el que se podrán firmar acuerdos con comunidades de vecinos para acabar con un histórico problema: ¿quién se ocupa de la limpieza y el mantenimiento de las conocidas como zonas privadas de uso público?

En esencia, este tipo de denominación esconde un desarrollo urbanístico que se ejecutó en la ciudad de Córdoba durante los años sesenta y setenta, principalmente, y que consistía en el diseño de bloques de viviendas separadas entre sí por unos viales que formaban parte de la propiedad de los vecinos pero que contribuían a un servicio público como el del tránsito de personas o vehículos. Córdoba está repleta de ejemplos de este tipo de viales, que han sido un quebradero de cabeza constante para el Ayuntamiento en las últimas corporaciones. Muchos de estos viales se cerraban, otros directamente se deterioraban y en algunos casos cuando el Ayuntamiento entraba a su mantenimiento lo hacía con gran inseguridad jurídica, porque técnicamente estaba accediendo a una zona privada.

Ahora, tras un trabajo de la Asesoría Jurídica, el Consejo del Movimiento Ciudadano y la federación de asociaciones de vecinos Al Zahara se ha pactado un convenio tipo, aprobado por la Junta de Gobierno, que cita jurisprudencia ya en el Tribunal Supremo en el que otras ciudades pudieron atajar este problema. En el convenio, el Ayuntamiento asume la limpieza y el mantenimiento de estos espacios, pero compromete también a los vecinos.

El punto más importante tiene que ver con la accesibilidad. Son varios los casos en los que los vecinos han optado por vallar o limitar el acceso a estos espacios. En muchos de ellos, por tanto, no hay libre tránsito. En ocasiones se llegan a usar como una especie de aparcamientos privados. En otros, como llegó a suceder con la plaza Luis Venegas, en propio casco histórico de Córdoba, los vecinos cierran por las noches para evitar ruidos. Ahora, si quieren que el Ayuntamiento asuma el mantenimiento de esos espacios están obligados a eliminar las vallas y a garantizar el libre tránsito. De lo contrario, no habrá acuerdo.

El acuerdo con los vecinos también les obliga a garantizar que estas zonas privadas de uso público estén libres de grafitis. Y a que las fachadas de los edificios no les afecten, que no haya problemas con las infraestructuras de saneamiento de aguas y a que se comprometan a que las zonas estén mantenidas como cualquier otra calle de Córdoba.

Para ello, cada comunidad deberá formalizar su propio convenio a partir de un proyecto de actuación concreto. Este proceso tendrá una duración de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y será supervisado por la Gerencia Municipal, que garantizará el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Se estima que del proceso se pueden beneficiar unos 50.000 vecinos de Córdoba.