Las viviendas de más de 50 años tendrán que presentar un informe de evaluación elaborado por expertos y que pagarán los propietarios

Una de cada tres viviendas de Córdoba, las que tienen más de 50 años, tendrán que pasar obligatoriamente la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE), conocida como la “ITV de la vivienda”, y con una novedad: tendrán que elaborar un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) a finales de 2026, y este tendrá que realizarlo un técnico o arquitecto, costeado por el propietario.

Esta normativa ha sido puesta en conocimiento de la Asociación Vecinal del Campo de la Verdad. Ha sido en una charla informativa tensa, dado que en ese barrio, al menos el 70% de las viviendas superan esa antigüedad. En este barrio, una de las zonas de menor poder adquisitivo de la ciudad, la medida ha caído como un jarro de agua fría. El coste de un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) varía considerablemente, oscilando generalmente entre 500 y 2.000 euros, aunque puede ser más bajo en casos sencillos (a partir de 150-200 euros) o más alto en edificios complejos. Los factores clave que influyen en el precio son el tamaño, la antigüedad y la complejidad del edificio. 

A la sesión han asistido el abogado especializado en derecho urbanístico e inmobiliario Daniel Calero y el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia. El primero explicó que la ITE responde al deber legal de los propietarios de garantizar la seguridad, salubridad y ornato de sus edificios. Las construcciones que alcancen los 50 años en el año natural siguiente deberán ser inspeccionadas por un técnico competente, como un arquitecto superior en el caso de viviendas. La obligación afecta tanto a viviendas unifamiliares como a comunidades, e incluso a naves industriales.

La inspección debe evaluar tres aspectos básicos: Seguridad y estabilidad: cimentación, estructura, cubiertas, balcones y elementos de fachada, accesibilidad y eficiencia energética. No obstante, si un inmueble ha pasado por una reforma integral con licencia de obra mayor y nueva licencia de ocupación, el cómputo de los 50 años se reinicia desde esa fecha.

De Gracia alertó de la carga económica que recaerá sobre miles de propietarios. Aunque Vincorsa ofrece ayudas, las calificó de “muy pequeñas” e insuficientes. Ante la libertad de precios del mercado, la asociación prevé negociar tarifas razonables con los colegios profesionales.

Los ponentes recordaron que, a diferencia de la ITV de vehículos —cuyos precios son públicos y regulados—, la ITE obliga a contratar a un técnico privado y asumir íntegramente el coste de demostrar el cumplimiento del deber legal de conservación.

Riesgos de incumplimiento y posibles fraudes

No presentar el IEE puede conllevar la pérdida de cobertura del seguro del hogar, ya que las aseguradoras podrían alegar falta de mantenimiento ante un siniestro. Además, impide acceder a subvenciones para rehabilitación y puede acarrear sanciones municipales, más severas si el inmueble está protegido.

El Movimiento Ciudadano advirtió también del riesgo de fraudes mediante informes “rápidos y baratos” que no garanticen la seguridad del edificio. La principal crítica del vecindario apunta a que la normativa obliga a gastar dinero “no para garantizar la seguridad, sino para demostrarla a la administración”. Según la asociación, esto supone externalizar una labor de vigilancia que antes era pública.

Vecinos como Antonio recordaban en la charla que, en el Campo de la Verdad y Fray Albino, los daños estructurales están ligados a la presencia de arcilla expansiva, un problema documentado por el Ayuntamiento desde 2005 y que provoca movimientos del terreno y grietas en las viviendas.

También denunciaron que actuaciones municipales, como el uso de maquinaria vibratoria para limpiar naranjos, generan socavones y roturas de acometidas que afectan a las cimentaciones. Consideran que la administración debería resolver estos problemas antes de exigir inspecciones a los propietarios.

Las actuaciones del Movimiento Ciudadano

De Gracia reconoció que, al ser competencia autonómica, negociar una prórroga es “materialmente imposible”. No obstante, la asociación y el Movimiento Ciudadano se comprometen a mantener la información a la ciudadanía hasta 2026, negociar precios justos con los colegios profesionales y pedir convenios a la Gerencia de Urbanismo.

Además, exigirán más fondos a la Junta y a Vimcorsa para la rehabilitación, reclamarán que la inspección sea asumida o al menos regulada directamente por la administración y colaborarán con los vecinos para encontrar técnicos de confianza con tarifas más asequibles.