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El PSOE acudirá al Defensor para pedir que Vimcorsa y AVRA eximan del IBI a sus inquilinos

Viviendas de AVRA en la Acera del Río

Redacción Cordópolis

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El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha avanzado este sábado que acudirá al Defensor del Pueblo para que Vimcorsa y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Andaluza (AVRA) dejen de cobrar el IBI a sus inquilinos tras recibir la negativa del Consejo Social de Córdoba para hacer un informe sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre del 2023. 

El socialista ha comentado que se dirigirá al Defensor del Pueblo para plantear que los organismos o empresas públicas que gestionan el parque público de viviendas en régimen de alquiler dejen de trasladar el pago del IBI a sus inquilinos. 

Según Hurtado, el Consejo Social le ha dado respuesta a la solicitud de informe sobre el cobro indebido del IBI a los inquilinos, argumentando que el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria del día 16 de mayo de 2024, considera que no es competente para la realización del informe solicitado. 

Según Hurtado, la sentencia del Tribunal Supremo deja claro que son ilegales el cobro a los inquilinos del IBI y que en este tipo de contratos de arrendamiento de viviendas públicas no cabe la repercusión del mencionado impuesto municipal al arrendatario, en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

En Córdoba, según los datos que figuran en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, Vimcorsa tiene un parque público de 965 viviendas en alquiler, y AVRA tiene un parque público de 3.360 viviendas en alquiler en barriadas como Palmeras, Moreras, Torremolinos y Guadalquivir, y se les está cobrando indebidamente el Impuesto de Bienes Inmuebles que según la sentencia del Tribunal Supremo le corresponde pagar al propietario y es un gasto que no se puede trasladar al inquilino, según Hurtado. 

El portavoz socialista lleva meses insistiendo al Gobierno de José María Bellido que deje de cobrarle a los inquilinos el IBI correspondiente al año 2024, a lo que el Gobierno local reitera que lo están estudiando sin tomar determinación alguno, con el perjuicio económico a familias en gran parte con rentas bajas o muy bajas.

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