Las naves de Colecor, el elefante dentro de la habitación del urbanismo cordobés

Hace 19 años, Mezquita Sur Inversiones, una empresa propiedad de Rafael Gómez alias Sandokán, transformaba a toda prisa la antigua factoría de Colecor, que producía leche diaria, en un gigantesco centro comercial. Los trabajos carecían de la preceptiva licencia municipal, pero no se detuvieron. En pocos meses, se derribó la histórica torre de leche en polvo y en la trasera de la antigua Colecor creció hasta prácticamente el canal del Guadalmellato un inmenso centro comercial. En total, se calcula que Sandokán construyó casi en tiempo récord 40.000 metros cuadrados de naves industriales y que lo hizo sin licencia.

El caso, desvelado por ABC Córdoba, provocó una tormenta política. Mientras llovían los titulares de prensa, los trabajadores de Rafael Gómez llenaban el interior de las naves de productos Retier, la marca creada por el empresario cordobés para competir con las empresas low cost de origen chino en la que sería posible encontrar de todo al mejor precio. El plan de Gómez era crear un enorme centro comercial al que se acercasen no solo los cordobeses, sino andaluces, extremeños y manchegos a comprar bueno, bonito y barato.

En Capitulares gobernaba Rosa Aguilar, entonces en Izquierda Unida. Aguilar ganó las elecciones en 2003 pero sin mayoría absoluta. Se quedó a dos concejales y el PSOE obtuvo cuatro. En la Diputación se dio una situación similar pero a la inversa. Así que el PSOE e IU acordaron pactos de gobernabilidad pero no de gobierno. IU, por tanto, gobernaba en solitario y el PSOE apoyaba sus presupuestos. Pero el entonces portavoz socialista era el mismo que ahora: Antonio Hurtado. Y se convirtió en el auténtico azote de Aguilar, mientras el PP asistía como espectador a una tremenda guerra política.

El Ayuntamiento le impuso a Gómez la multa más alta de la historia del urbanismo cordobés (lo del europeo, que se llegó a publicar, es algo no verificado aún). La sanción, que jamás pagó Sandokán, se llegó a ir a 40 millones de euros en los ejercicios sucesivos, por los intereses de demora. E intentó buscar una solución. Desde el PSOE, que gobernaba la Junta de Andalucía, se reclamaba la demolición. El PP se ponía de perfil e IU buscaba una alternativa. Finalmente, se redactó un plan especial de la Carretera de Palma del Río que buscaba ordenar no solo las naves de Colecor sino también el resto de parcelas y construcciones en una zona que el Plan General de Ordenación Urbana protegía como sueno no urbanizable de especial protección, por su cercanía a Medina Azahara y a Sierra Morena.

El varapalo judicial

Pero casi cada vez que se aprobaba un plan, la Junta lo tumbaba, lo llevaba a los tribunales y los juzgados lo devolvían al Ayuntamiento. Hasta la sentencia definitiva. En 2014, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le decía al Ayuntamiento que había dos puntos del plan especial que no eran legales: el 14 y el 20. Y que los anulaba. Esos puntos se referían a dos cuestiones capitales para la supervivencia de las naves de Colecor: los usos y la superficie.

En 2014, los jueces del TSJA señalaron que en un suelo no urbanizable de especial protección el único uso posible para unas naves es el agrícola. Es decir, que nada de guardar productos Retier. Que o a almacenar grano, aperos de labranza o a volver a producir pura leche de vaca como hacía Colecor hasta los años noventa del siglo XX. Y discutían los porcentajes de las huellas construidas por parcelas. En esencia, con el plan original las naves se podrían legalizar si se demolía la mitad aproximadamente de lo construido irregularmente. Sin señalar exactamente qué había que demoler, los jueces decían que no, que el porcentaje señalado como máximo para la ocupación de una parcela, que se iba al 21% de la superficie total, era demasiado y que no casaba con la misión de protección de los “elementos agrológicos, patrimoniales y ambientales” del ámbito.

El Ayuntamiento recurrió aquel fallo a la espera de que el Tribunal Supremo lo revocase, algo que no ocurrió. En 2017 llegó la sentencia final. Entonces, el Ayuntamiento decidió guardar el plan en un cajón y hacer como que no pasaba nada.

A pesar de que el caso de las naves de Colecor es el más mediático, por su importancia y tamaño (son visibles desde gran parte de Sierra Morena), dentro del ámbito del plan especial hay más parcelas y propietarios que Rafael Gómez. La empresa Proyectos Urbanísticos SL posee suelo en la zona y ha pedido al TSJA que inste a la Gerencia a ejecutar la sentencia, para saber qué puede y qué no puede hacer en su suelo. Actualmente, toda la zona está en un limbo jurídico pendiente de ordenar y desarrollar, y los dueños de los suelos no saben si pueden hacer algo más que cultivar. A pesar de que hay huellas de fábricas históricas, como un almacén de butano o un antiguo matadero cárnico, entre otros.

¿Y ahora qué?

El TSJA le ha dicho al Ayuntamiento que tiene que abrir el cajón y revisar el plan especial. El plazo que le ha dado es de seis meses desde que acatara la sentencia, algo que oficialmente se produjo este pasado jueves cuando se publicó la decisión en el Boletín Oficial de la Provincia. Pero ahora se abre un mar de dudas sobre un enorme problema que tiene la Gerencia: ¿qué hacer?

Hay dudas jurídicas sobre si el plan anterior está ya desfasado. Entonces, se basaba en una ley andaluza, la Loua, que ya ha decaído por otra, la Lista. En esencia, no ha cambiado nada sobre los suelos de especial protección, pero hay matices que volver a revisar. Pero la gran pregunta está: ¿hasta dónde hay que regular la actividad de las naves de Colecor para que sean legales y cuánto hay que demoler?

Las naves de Colecor ya no son de Rafael Gómez. La Agencia Tributaria las sacó a subasta a instancias de su propietario, el Banco Santander, que heredó las deudas del Popular cuando lo compró. En el paquete estaban las naves. El Santander las subastó pero no consta que a pesar de que tuviera ofertas las compra nadie. Entre otras cosas por las dudas jurídicas que existen sobre su uso. ¿Quién va a hacerse con unas naves que no se pueden utilizar, sobre las que no se puede pedir licencia y que por tanto corren el riesgo de que la actividad que se desarrolle sea sancionada?

A pesar de su protección, la zona es muy cotizada. Al otro lado de la Carretera de Palma del Río hay una intensa actividad comercial y hasta industrial. La Junta está ampliando el parque logístico vinculado a la estación de mercancías de El Higuerón. Las grandes parcelas del polígono de la carretera de Palma las ocupan grandes superficies comerciales. El Parque Joyero está repleto, el Ayuntamiento ha rehabilitado el antiguo pabellón en Centro de Convenciones y poco a poco San Eloy se llena de empresas.

Las naves de Colecor siguen siendo a día de hoy el gran elefante dentro de la habitación del despacho principal de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba.