El Movimiento Ciudadano ve “insuficiente” la congelación de impuestos y pide rebajar el IBI

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba considera que la propuesta de congelación con excepciones que se presenta en el expediente de ordenanzas fiscales para 2025 es “insuficiente” y “se debería proponer una rebaja del IBI para compensar la subida del precio del agua y de los servicios de Sadeco”.

En su dictamen al anteproyecto de renovación, el Consejo expone que “ha quedado demostrado año a año que el remanente positivo de tesorería que presenta el Ayuntamiento es producto de la dificultad de gestión de los servicios municipales y que da margen para no tener que ir a subidas de impuestos y tasas, más aún cuando ya se realizan subidas en lo que se cobra a toda la ciudadanía en las empresas municipales”.

Al respecto, cree que “el debate sobre la subida de tasas e impuestos queda cada vez más relativizada en el expediente de ordenanzas fiscales al haberse sacado del mismo los precios de Sadeco o Emacsa, sumándose a los ya clásicos: precios de Aucorsa, Gran Teatro y otros entes municipales”.

A juicio del Consejo, “esto está desvirtuando cuál es al final la presión fiscal que soporta el vecindario de la ciudad y cómo se distribuye”, de manera que “habría que realizar un debate sobre las últimas subidas de Sadeco y Emacsa a la par que se fijan el resto de tasas e impuestos municipales para ver si sería necesaria una compensación de unos conceptos por otros”.

Por otra parte, señala que “las rebajas de dos tasas y tres impuestos son de reducida repercusión en la vida cotidiana de la clase media y popular cordobesa en comparación con lo que les va a afectar la subida del precio por recogida de basura y por abastecimiento y saneamiento de agua”.

Turismo en el casco

Además, ve “poco acertado que los beneficios fiscales que se incluyen sobre el casco se apliquen a todo tipo de actividad”, proponiendo que “queden fuera las actividades hosteleras y turísticas que ya desbordan el casco”, puesto que “con ello se ayudaría a reimplantar el pequeño y mediano comercio, la instalación de equipamientos públicos y privados, o la rehabilitación y construcción de viviendas no turísticas, en esta zona que corre riesgo de despoblación y gentrificación”.

Paralelamente, echan en falta “penalizaciones en impuestos y tasas para la apertura de establecimientos turísticos en el casco, al estar ya colmatado de este tipo de actividad económica y en especial, para la apertura de viviendas turísticas”.

Asimismo, señalan que “las bonificaciones a familias numerosas deberían cambiarse, o ampliarse, por aquellas familias con unos bajos ingresos en relación al número de componentes”, a lo que añaden que “los beneficios fiscales para eliminación de barreras arquitectónicas y para utilización de energías renovables y respeto al medio ambiente deben autorizarse a toda vivienda o edificio que pague IBI urbano, independiente de que cuente con licencia de primera ocupación o no”.

También, apuestan por “rebajar el orden fiscal para las calles derivadas de ordenación abierta --zonas privadas de uso público--, y que no se puedan acoger al convenio propuesto por el Ayuntamiento”, porque “al no recibir todos los servicios municipales, se ven obligados a pagar los servicios no prestados, produciéndose un doble coste --limpieza, mantenimiento de acerados y zonas verdes--”. “Todas sobrepasan los 50 años y los costes de mantenimiento de las zonas se multiplican”, apostillan.

Siguen demandando que las actividades sin ánimo de lucro que incluyan una pequeña barra o similar como forma de sufragar los gastos de la misma no tengan que pagar por la instalación de la misma, “siempre y cuando estén dentro de la programación municipal aprobada y/o cuente con el apoyo municipal como actividad de interés social y ciudadano”; que la cesión de uso de material municipal “no debe estar sometida a tasa ninguna --sí a fianza--, cuando la entidad se encargue de su transporte, instalación y desmontaje”.

Y que la instalación de veladores --mesas, sillas, parasoles-- “debe limitarse al mínimo necesario”, por lo que “se debe hacer progresiva la tasa”. A partir de una ocupación de cien metros cuadrados, “se debería incrementar el metro cuadrado un 25% cada 25 metros cuadrados más, y así sucesivamente”, comentan, al tiempo que piden que “se reduzca la tasa por recogida de residuos a los locales de asociaciones sin ánimo de lucro para contribuir a su sostenimiento, siempre que dentro no se desarrolle ninguna actividad lucrativa”.

La LISTA y urbanismo

Sobre la aplicación de la nueva ley urbanística (Lista), proponen al Catastro, del que el Ayuntamiento es entidad colaboradora, que “los suelos y viviendas calificados como rústicos, sin que hayan aprobado su plan parcial, su plan especial o su proyecto de urbanización, pasen de calificación como IBI Urbano a IBI rústico”.

Plantean reducir el coste de los AFOS a solicitud del interesado para el caso de los que se desarrollen como consecuencia de la aplicación de un Plan Especial de adecuación ambiental. Esto afecta a la tasa 100, que para estos casos pasarían del 1,5% al 0,5% del presupuesto modular de ejecución material. Y para todo tipo de AFOS, permitir el pago de la tasa en dos partes: un 25% al presentar la solicitud inicial, y un 75% antes de su aprobación definitiva y para recoger la certificación administrativa de AFO.

Y sobre tasas por actuaciones urbanísticas, tales como planes especiales de adecuación ambiental o proyectos de obras ordinarios para dotación de servicios básicos, derivados de los artículos 175 y 176 de la Lista, en caso de considerarse necesario su abono, permitir el pago de la tasa en dos partes: un 25% al presentar la solicitud inicial, y un 75% para acceder a la aprobación definitiva y poder retirar la certificación administrativa correspondiente.