La maldición urbanística de la antigua cárcel de Fátima

Si hay un proyecto urbanístico enquistado en Córdoba es el de la construcción de viviendas en los suelos que antaño ocupó la cárcel de Fátima. Pero desde que en 2000 saliera el último preso que vivía en la antigua cárcel hasta hoy el plan para reconvertir el suelo en casas donde viva la gente por voluntad propia no despega. La última piedra en el zapato tiene que ver con la renuncia de la empresa constructora que se iba a encargar de las obras de construcción, la cordobesa Jícar, al contrato que ya le había adjudicado el Ministerio del Interior a través de Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios de la Seguridad del Estado.

En el año 2002, Interior y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo para que el suelo fuese urbanizable y para que en la zona se construyeran viviendas, especialmente de protección oficial, muy demandadas en el que es el barrio más habitado de la ciudad. De los 25.000 metros cuadrados que ocupaba la antigua cárcel de Fátima, 20.000 metros cuadrados serían para la ciudad. El resto, 5.000 metros, lo ocuparían viviendas.

Este suelo se desarrolló en el año 2008, justo cuando estalló la crisis del ladrillo. El proyecto entonces se quedó congelado. Tanto que en noviembre de 2013, el Ministerio de Hacienda sacó a la venta los cuatro solares, en los que está prevista la construcción de un total de 190 viviendas (el 70% libres y el 30% restante de VPO), pero no obtuvo oferta alguna. El departamento esperaba conseguir ocho millones de euros por la venta de estas cuatro parcelas. No lo logró.

Por eso, la propia Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios optó por desarrollar el suelo y urbanizar todo el terreno. Después, construirá viviendas y cederá su parte al Ayuntamiento, que tendrá que edificar las suyas. Todas las viviendas municipales deberán ser obligatoriamente de protección oficial.

Y es en este proceso administrativo donde de nuevo el Gobierno se ha topado con problemas. Tras lograr que el Ayuntamiento, a través de la Gerencia, aprobara el plan de urbanización inició su contratación. Tras varias vicisitudes y denuncias cruzadas, finalmente fue en octubre del año pasado cuando el Gobierno inició el procedimiento para encontrar una constructora. Y la halló. Fue la cordobesa Jícar, la única que se presentó al concurso, la que se hizo con la obra, por un precio de 2,4 millones de euros y 12 meses de plazo.

No obstante, la constructora no llegó a firmar el contrato. Según ha podido saber este periódico, ha habido diferencias sobre los precios pactados y un presunto error en el proyecto en sí, que lo encarecería. En definitiva, el Gobierno tendrá que reiniciar el proceso de contratación y aguardar, al menos, otros cuatro meses más para poder ver obras sobre el solar de la antigua cárcel de Fátima.

La futura edificación contará con 236 viviendas, de las que 164 serán libres y otras 72 serán viviendas protegidas, además de 159 plazas de aparcamiento en superficie y 262 dentro de los edificios residenciales. El proyecto también prevé más de 4.000 metros cuadrados para equipamientos, 1.200 para viales de conexión y 15.500 metros cuadrados de espacios libres.