VIOLENCIA DE GÉNERO

Crece en Córdoba el número de víctimas de violencia de género que piden protección

El 99,05% de las ordenes de protección incoadas en los juzgados de Córdoba en el primer trimestre de 2023 en materia de violencia de género fueron solicitadas por las propias víctimas. De esta forma, de enero a marzo se incoaron 105 medidas de protección, 104 a instancia de la víctima y una a petición del Ministerio Fiscal, de las que finalmente se adoptaron 89 y 16 fueron denegadas.

Así se infiere de los datos publicados por el Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las estadísticas de los juzgados de Córdoba y provincia. Esta cifra supone un aumento del 19% con respecto al mismo período que en 2022, cuando se solicitaron 88 medidas de protección, todas a instancia de la víctima. En esta ocasión, 66 fueron adoptadas y 22, denegadas.

Las medidas de protección son de dos tipos: penales y civiles. En el primer grupo están las privativas de libertad, las órdenes de alejamiento, la prohibición de comunicación o de volver al lugar del delito residencia de la víctima, y la retirada de armas u otros objetos peligrosos. En el ámbito civil, las medidas que pueden acordar los tribunales son la atribución del uso y disfrute de la vivienda, el régimen de custodia, visitas, comunicación con los hijos; la prestación de alimentos y una medida de protección al menor para evitar un peligro ó perjuicio

En la provincia de Córdoba, y de acuerdo a estos datos del CGPJ, entre las medidas de protección más impuestas en el ámbito penal son órdenes de alejamiento y prohibiciones de comunicación entre el denunciado y la víctima. La joven de 32 años asesinada por su pareja este martes en Pozoblanco lo había denunciado en 2017, lo que llevó a que un juzgado dictara contra el ahora asesino una orden de alejamiento con respecto a la víctima durante cuatro meses. Hasta la fecha del crimen no constaban más denuncias desde 2018, tampoco había medidas vigentes de protección contra la joven y sus casos estaban inactivos en el Sistema VioGén.

En el ámbito civil, las principales medidas de protección que se adoptan son la pensión de alimentos y la atribución de la vivienda familiar. A nivel estatal, estas son las órdenes más acordadas tanto en el ámbito penal como en el civil.

Por otro lado, de las 105 medidas de protección pedidas en el primer trimestre de 2023, 91 correspondieron a mujeres españolas y 14, a extranjeras. Sobre la relación que la víctima y el denunciado mantenían en el momento de solicitud de dicha orden, 48 eran exparejas, 32, parejas; 19 relaciones afectivas y seis, exparejas.

Baja el número de víctimas que deciden denunciar

De los datos también se infiere que el porcentaje de mujeres que deciden denunciar a su agresor baja hasta casi en siete puntos, pasando de un 87,59% en 2022 a un 80,79% den 2023. No obstante, el grueso de las denuncias aún las formula la víctima. Así, de las 656 denuncias recibidas, 530 fueron interpuestas por la mujer; 31, por los policías que intervinieron durante los hechos y cinco, por los familiares de la víctima.

Asimismo, de enero a marzo de 2023 se enjuiciaron a 212 personas y se condenaron a 192, es decir, un 90,56 de los procesados tuvieron sentencias condenatorias. Estas, no obstante, han descendido hasta situarse en el 92,9% de los juicios se celebraron, ya que en este mismo periodo durante 2022 se firmaron 96,2 sentencias condenatorias. Con estos datos, Córdoba es la segunda provincia andaluza con un mayor número de sentencias condenatorias.