Córdoba incorporará informes de impacto patrimonial a cada propuesta urbanística que afecte a las zonas sensibles

El Ayuntamiento de Córdoba aplicará de manera sistemática informes de impacto patrimonial a todas las iniciativas urbanísticas que puedan afectar a bienes culturales o a sus entornos de especial sensibilidad.

Lo ha anunciado el alcalde, José María Bellido, durante la presentación de las jornadas técnicas Reflexiones sobre la evaluación del impacto patrimonial y la implantación de los planes de salvaguarda en el patrimonio cultural, que se celebrarán en la Casa Góngora el 28 de noviembre, organizadas junto a Icomos y el Cabildo Catedral.

Bellido ha explicado que la introducción de estos informes supone “abrir una nueva etapa de trabajo” en la gestión y protección del patrimonio cordobés. Según detalló, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ya ha contactado con el Ayuntamiento para incorporar esta herramienta a la futura Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía.

“El objetivo es disponer de un nuevo prisma de análisis que, además del plan de gestión, permita estudiar el impacto que puede generar cualquier actuación tanto en un bien patrimonial como en su zona de influencia”, ha señalado.

El alcalde puso ejemplos de otras ciudades donde incluso proyectos habituales —como la construcción de aparcamientos— han requerido un informe de impacto patrimonial previo. “Es fundamental que se empiece a estudiar cada caso concreto antes de tomar decisiones”, ha insistido. Este trabajo, a su juicio, deberá ser “colaborativo”, involucrando a administraciones, especialistas y entidades responsables de los sitios declarados Patrimonio Mundial.

Jornadas con expertos internacionales

La teniente de alcalde de Centro Histórico, Lourdes Morales, ha presentado las jornadas como una forma de “encontrar herramientas que minimicen cualquier impacto negativo sobre el patrimonio de Córdoba”, especialmente en un municipio con cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Morales explicó que el encuentro —de entrada libre, aunque con inscripción previa— reunirá a expertos nacionales e internacionales. Entre ellos, el responsable de Icomos Colombia, la subdirectora general del Ministerio de Cultura y técnicos responsables de la gestión patrimonial del Ayuntamiento de Ávila. “Queremos analizar también la elaboración de planes de salvaguarda ante desastres, una necesidad cada vez más evidente”, apuntó.

Por su parte, el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, destacó la importancia de estas jornadas para profesionales como arquitectos, conservadores, técnicos municipales y especialistas en gestión cultural. Recordó que la Mezquita-Catedral “no es solo un templo vivo, sino un bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial”, lo que obliga a extremar su protección. “Cualquier decisión que se tome en un bien como la Mezquita-Catedral debe medirse con precisión. La salvaguarda es un deber que nos interpela a todos”, afirmó.

Nieva adelantó que uno de los canónigos del Cabildo participará en las mesas de debate. La Unesco, añadió, ha solicitado a la institución que elabore y comunique públicamente su plan de salvaguarda, una herramienta fundamental para la gestión del monumento.

Icomos señala las dos claves: impacto y salvaguarda

Finalmente, el presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, remarcó que encuentros como este son “imprescindibles” para transmitir y estandarizar buenas prácticas en la protección de bienes culturales. Las dificultades en la gestión del patrimonio, afirmó, requieren analizar dos cuestiones esenciales: La evaluación del impacto patrimonial, que permite identificar los valores que justifican la protección de un bien y cuantificar los efectos que podría tener una actuación inadecuada; y los planes de salvaguarda, orientados a garantizar la conservación de los bienes ante situaciones de emergencia.

Molina recordó que episodios recientes como el incendio ocurrido en la Mezquita-Catedral, el fuego en Las Médulas o el robo en el Museo del Louvre han demostrado la urgencia de disponer de protocolos sólidos y actualizados. “Los planes de autoprotección están dirigidos a la seguridad de las personas y son obligatorios; los de salvaguarda buscan proteger los bienes culturales, y su implantación es igualmente necesaria”, ha precisado.