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El Ayuntamiento de Córdoba arremete contra Pedro Sánchez por los problemas al regularizar a los migrantes

Largas colas de personas migrantes durante la atención presencial para su regularización

Jesús Ventura

22 de abril de 2026 17:21 h

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El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha denunciado la situación de desamparo que, a su juicio, sufren los municipios debido a la regularización a los migrantes que ha permitido el Gobierno de España. Torrico ha calificado de “cinismo extremo” las críticas del grupo socialista local, encabezado por Antonio Hurtado, al considerar que se está responsabilizando al Consistorio de una situación que no es de su competencia.

Según el portavoz popular, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado este “embolado” a los ayuntamientos de toda España sin proporcionar instrucciones claras sobre cómo abordarlo en el futuro. Torrico ha subrayado la falta de medios materiales y económicos previstos para desarrollar la atención necesaria, criticando que ni siquiera se haya informado sobre posibles compensaciones futuras por estos gastos extraordinarios.

Torrico, en una comparecencia ante los medios de comunicación

En sus declaraciones, Torrico ha hecho especial hincapié en la “absoluta falta de lealtad institucional” del Gobierno de España, asegurando que no ha existido comunicación previa ni ningún tipo de coordinación para afrontar la regularización de migrantes en la ciudad. “Es el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha generado esta situación complicada”, ha reiterado el portavoz, señalando que el Ayuntamiento está respondiendo con sus propios recursos de la “mejor manera posible” a pesar de no ser una competencia propia.

Respecto a las colas generadas para realizar estos trámites, Torrico ha pedido a los cordobeses que tengan claro que esta es una situación provocada por el Gobierno Central. Asimismo, el portavoz ha comparado estas esperas con las que habitualmente se producen en las comisarías para la tramitación de documentos como el DNI o el pasaporte, restándoles excepcionalidad pero insistiendo en que los ayuntamientos están obligados a responder “sin ningún tipo de recurso” aportado por el Estado.

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