Juicio a la jefa de Salud Mental del Reina Sofía: el paciente quería ingresar en una unidad de adicciones días antes de morir

La segunda sesión del juicio contra la psiquiatra y jefa de Salud Mental del Reina Sofía, Carmen Prada -celebrada este martes-, ha estado marcada por los testimonios de médicos y un perito que han defendido la corrección de la asistencia sanitaria prestada por el sistema público de salud, a la vez que se ha conocido que el joven, días antes de morir, manifestó la idea de querer ingresar en una unidad contra las adicciones.

Así lo ha puesto de manifiesto el médico y por aquel entonces coordinador de la Unidad de Drogas y Adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Bartolomé de la Fuente, a donde acudía el paciente, aunque de forma “irregular”. Ha manifestado que aunque al joven nunca se le recetó metadona, en su autopsia apareció restos de esta sustancia, por lo que podría haberla conseguido en el mercado negro. Asimismo, ha asegurado que el paciente pidió ingresar en una unidad terapéutica apenas unos días antes de fallecer, pero no llegó a responder a la llamada de la psicóloga de los servicios comunitarios de Salud Mental para concretar la cita. Sobre esto, el perito que ha analizado toda la documental, Jaime Gómez González, ha apuntado que, actualmente, “la red pública de Salud Mental no tiene una unidad de internamiento para luchar contra las adicciones”, pero sí hay “centros dentro de la red de drogodependencia”.

“Con los mecanismos que hay, tendría que haberse producido un ingreso urgente en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental”, ha explicado este perito quien, no obstante, se ha referido a las cuestiones éticas y morales que supone “tener a una persona eternamente ingresada”. Por ello, este perito ha sostenido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) puso todos los servicios a disposición del paciente y que el “problema nuclear” del mismo era el consumo de tóxicos.

Este médico especialista en psiquiatría forense y profesor de la Universidad de Sevilla, por otro lado, ha ratificado que el diagnóstico más estable y concordante con todo el historial del paciente es el de “trastorno de personalidad mixta” que se intensificaba con el “consumo de sustancias”, rechazando así el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo depresivo que defiende el psiquiatra privado que seguía al paciente, Ignacio Martínez Hens. Según este perito, “la atención sanitaria que ha recibido el paciente ha sido la correcta” y las necesidades en el ámbito de la salud mental fueron cubiertas.

Gómez ha dicho, además, que el consumo abusivo e irregular de psicofármacos y tóxicos se remontaría “a 2011” según toda su historia clínica. Durante su declaración ha explicado que este consumo activo es, precisamente, lo que impedía que el joven fuera beneficiario de los equipos de tratamiento para Trastorno Mental Grave (TMG), ya que los protocolos especiales -tanto de atención intensiva como domiciliaria- que había en Salud Mental para pacientes con trastorno mental grave excluye a aquellos que consumen tóxicos. Además, el trastorno de este paciente no estaba incluido dentro de las patologías a las que iban dirigidas estos protocolos.

Respecto al fallecimiento, Gómez ha señalado que el informe preliminar de la autopsia lo califica como una “reacción adversa de los abusos”, derivado de la combinación de metadona, anabolizantes, alcohol y otros fármacos -que fueron consumidos “en dosis que no eran letales”- en una persona con antecedentes cardíacos y que padecía asma.

Sobre las tendencias autolíticas del paciente, los testimonios y documentos presentados durante este martes han negado que el joven las padeciera. Según consta en la documentación del equipo de salud mental, existe un parte de asistencia del 14 de octubre de 2013 que registra un “intento de autolisis con medicamentos”, reforzado por una comunicación de una trabajadora social días después en la que la familia informaba de una “amenaza de autolisis” manifestada en consultas privadas. Sin embargo, la gran mayoría de los profesionales que trataron al joven de forma directa han negado haber detectado un riesgo suicida activo durante sus evaluaciones.

“El gran problema de mi vida es consumir drogas”

El psicólogo clínico José Pedro Diéguez Sánchez, que trató al paciente en la Unidad de Agudos, ha reforzado la tesis del consumo. Tras aplicarle diversas pruebas diagnósticas, diagnosticó al paciente como una persona con una “inteligencia elevada” pero con un perfil de “carácter anómalo de la personalidad” marcado por la impulsividad y la frustración al no cumplir sus altas aspiraciones, como ser policía o piloto. Según el psicólogo, el joven arrastraba una “vulnerabilidad percibida” desde niño, fruto de una etapa escolar en la que “los niños se burlaban de él” y “sufría acoso”.

Esta situación derivó en síntomas graves a una edad muy temprana: el paciente sufría terrores nocturnos, se mordía las uñas y “con 7 u 8 años se producía autolesiones”, una conducta que el testigo ha calificado como “impropia de esa edad”. Para Diéguez, el inicio en el gimnasio a los 11 años y el posterior consumo de sustancias fueron intentos desesperados del joven por luchar contra esa imagen de debilidad y proyectar una seguridad que no poseía. Diéguez ha recordado, además, una frase del fallecido: “El gran problema de mi vida es el consumir drogas”. Según el psicólogo, el consumo activaba sus rasgos desadaptativos, como la intolerancia y la incapacidad para reflexionar.

Durante la sesión de este martes, varios cargos técnicos y facultativos del SAS han explicado las limitaciones operativas del sistema. Quien fuera el coordinador autonómico de Salud Mental, Javier Romero Cuesta, y el exgerente del SAS, José Manuel Aranda Lara, han coincidido en que “el hospital no tiene dispositivo para ir a buscar al paciente a su domicilio”, ya que en 2014 hubo un ingreso frustrado dado que el paciente no acudió. En esa línea, han aclarado que, si un paciente no acude para su ingreso, la red de Salud Mental debe esperar a que aparezca, dependiendo de la familia. Se podría acudir al 061 o a las fuerzas de seguridad, siempre y cuando se conozca el paradero del paciente, han dicho.

Por su parte, el psiquiatra José Ángel Alcalá Partera ha recordado que el paciente era autónomo y manifestaba su “compromiso e intención de seguir sus revisiones por su psiquiatra privado”. Alcalá ha reiterado que los protocolos de atención domiciliaria “excluyen los derivados del consumo de tóxicos” y que, actualmente, también sería incluido de los mismos si dicho consumo continuara.

El paciente tenía también un diagnóstico diferente realizado por su psicólogo privado

La psiquiatra María del Pilar Ventosa, que lo atendió en el centro penitenciario en 2015, ha ratificado el diagnóstico de “trastorno mixto de la personalidad” y ha descartado signos de esquizofrenia.

Frente a las tesis de todos estos médicos y especialistas, el psicólogo privado que en 2017 realizó el informe que supuso la absolución del joven en el caso del asesinato de un hombre en el Paseo de la Victoria, Ignacio Martínez Hens, ha defendido su diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. De manera continuada, este profesional trató al paciente entre marzo de 2012 y abril de 2014, y ha declarado que se trataba de un paciente “muy difícil” y con una “mala adherencia al tratamiento, que, en la práctica, ”iba a su bola“.

Hens ha explicado que, aunque inicialmente detectó un pequeño episodio depresivo y consumo de fármacos, su diagnóstico fue evolucionando hasta concretar en el informe de 2017 que el paciente sufría un “trastorno esquizoafectivo”. Este diagnóstico, según el testigo, suponía la confluencia de un trastorno depresivo mayor con rasgos delirantes y de personalidad. Debido a esta patología y a su conducta, Hens lo consideró un “paciente de alto riesgo” con altas probabilidades de tener problemas con la sociedad y con su propia familia, la cual se encontraba “desbordada” por la situación.

Además, ha reconocido que el joven le confesaba consumir “de todo”: anabolizantes, anfetaminas, depresivos y diversos fármacos. Según el doctor, el paciente “tenía a disposición pastillas de todo tipo y se las conseguía en el mercado negro”, realizando mezclas peligrosas que “podían afectar a su salud perfectamente”. El facultativo también se ha referido a las dificultades para implementar tratamientos efectivos. Durante su declaración ha recordado que le recomendó el uso de medicamentos inyectables, pero que el médico de cabecera de la Seguridad Social se lo denegó. Hens, que ha asegurado desconocer qué tipo de atención recibía su paciente en el sistema público, ha puntualizado que esta medicación era cara y que el paciente no podía afrontar su coste.

Ese informe de 2017 fue firmado también por el psicólogo Fernando Javier Sánchez Alcalá, quien solo se entrevistó don el paciente durante dos horas y media en prisión. En ese momento, aunque el paciente tenía un ánimo adecuado y no presentaba rasgos autolíticos, mantenía ideas delirantes y autoreferenciales y que hacía un consumo abusivo de fármacos para mitigar la ansiedad que le producía su propia enfermedad, según ha declarado este martes. Al igual que Hens, ha señalado que este tipo de enfermos suelen presentar una gran falta de adhesión al tratamiento y tienden a la automedicación, calificándolos como casos “muy complejos”.

La sesión ha dado por concluida toda la testifical y el próximo jueves se elevarán las conclusiones a definitivas y se realizarán la lectura de los informes.