La llamada desesperada a la Junta de los padres de un niño de 12 años con un autismo severo

Andrés Moreno y María Pacheco, los padres de Andrés, un menor de 12 años con autismo severo y epilepsia, reclaman a la Junta de Andalucía la plaza residencial pública que su hijo necesita. Por la gravedad de su conducta agresiva y las peculiaridades de su caso, ya que el menor mide 1,80 y pesa 100 kilos, los profesionales que le atienden han prescrito su ingreso hospitalario urgente, pero la realidad es que no existen los recursos para concedérselo.

Por ello, junto a Autismo Córdoba, los padres de Andrés han hecho un llamamiento a la Junta para que se cree o adapte la plaza que su hijo necesita, y a cualquier institución, pública o privada, para que se  les ofrezcan los recursos disponibles que el caso de Andrés requiere.

Andrés lleva recibiendo atención terapéutica desde los dos años y se medica desde hace tres, tomando doce pastillas diarias actualmente. Como ha explicado su padre, uno de esos medicamentos está afectando gravemente a su metabolismo, lo que le ha llevado a engordar 20kg en los últimos 7 meses. Así, sus características físicas “poco comunes” a su edad, junto a las respuestas agresivas del menor ante situaciones de frustración y la necesidad de cuidar de su hermana de 3 años, hacen que el día a día de la familia sea una “tensión permanente”.

En junio de 2019, tras lesiones de gravedad causadas a familiares y terapeutas, sus médicos de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) le prescribieron un ingreso hospitalario urgente y el Servicio de Salud Mental de Córdoba inició los protocolos pertinentes, pero “la Junta de no dispone de ninguna plaza residencial pública para enfermos mentales menores de edad”, ha explicado su padre. Sí existe una institución privada “ideal” para Andrés, considerada “centro de referencia” para casos como el suyo, en la que han intentado que ingrese el menor. Sin embargo, después de haber aceptado su ingreso y habiendo comunicado a sus padres que “se encontraba en el primer puesto de la lista de espera”, el centro finalmente lo rechazó por motivos que la familia, como ha expuesto, desconoce.

A raíz de este rechazo y conscientes de que su hijo, por las características especiales de su caso, no puede recibir la atención que necesita en una escuela residencial, los padres han acudido a las administraciones con competencias en este caso. En este sentido, han sido atendidos por el delegado de la Junta, Antonio Repullo, y por delegados y técnicos de las Delegaciones de Salud y Educación, así como de la Oficina de Menores de Córdoba. Todas estas instituciones, como explica el padre de Andrés, “han cumplido con todos los procesos correspondientes”, pero todos ellos han concluido con la misma respuesta: “no hay recursos”.

Como ha asegurado su padre, han barajado la opción de recurrir judicialmente todas estas actuaciones y resoluciones, entre las que también se incluye la denegación de la tutela compartida con la Junta por estar “muy bien cuidado” por sus padres. Sin embargo, la han descartado, al igual que descartan denunciar a su hijo, opción que, como ha afirmado, le han “puesto sobre la mesa”.

También conoce su caso el Fiscal Delegado de Personas con Discapacidad de la Junta, Fernando Santos Urbaneja, y la Oficina del Defensor del Menor, que ha solicitado un informe al respecto a la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Asimismo, la Asociación Autismo Córdoba, donde el menor recibe atención terapéutica, y la Federación Autismo Andalucía están apoyando a la familia desde el principio, afirma el padre de Andrés.

Los padres de Andrés han reiterado que su intención no es “quitarse de encima” a su hijo, la víctima de esta situación, sino que este “reciba la atención que necesita”. Así, han apelado a que no se olvide que “se trata de un niño que está sufriendo cada día y que esta inexistencia de recursos le impide alcanzar una estabilidad emocional y la felicidad que cualquier niño se merece”.

Por último, Autismo Córdoba ha hecho un llamamiento a la Administración Pública y ha ofrecido su colaboración para dar respuesta a casos como el de Andrés, que no es único, pues en torno al 10% de las familias asociadas a la institución presentan conductas agresivas derivadas del autismo.