El jurado declara culpable al exgerente de Adif acusado de cohecho y falsedad documental

El veredicto del jurado en el juicio seguido en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba contra el exgerente de Mantenimiento de Adif en Córdoba, acusado de los delitos de cohecho y falsedad documental, ha sido unánime y le considera culpable.

Según han precisado a Europa Press fuentes cercanas al caso, el jurado ha considerado que existen pruebas suficientes para concluir que el acusado obstaculizó durante años la concesión de la licencia de obras a una empresa en un polígono de Andújar (Jaén), y que se ofreció a aligerar el trámite a cambio de 180.000 euros, llegando para ello a falsificar una carta oficial, para demandar dicha cuantía y dar credibilidad a su exigencia.

De hecho, el jurado considera culpable al acusado porque, unánimemente, todos los miembros del tribunal consideran probado que entorpeció la tramitación de las licencias que debía conceder ADIF para poder acometer las obras correspondientes, pues dichas licencias dependían de su beneplácito, con la finalidad de conseguir un beneficio económico particular.

Además, considera el jurado demostrado que en varias reuniones el procesado solicitó la citada cantidad, garantizando que una vez que la recibiera se resolvería en asunto. Para ello, el jurado ha dado por buenas las declaraciones de varios testigos, entre ellos un detective, su colaborador y un empresario que se ofreció a mediar y que fue al que el acusado supuestamente hizo la oferta.

De igual forma, el jurado cree suficientemente acreditado que el exgerente de ADIF falsificó una carta reclamando unos avales al constructor, que nunca recibió dicha misiva, poniendo el membrete de ADIF y cambiándole la fecha, para dar verosimilitud a su petición económica.

Por tales motivos el jurado considera al acusado, “por unanimidad”, culpable de los hechos por los que ha sido juzgado.

Ahora, a la espera de que, en base a tal veredicto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba dicte sentencia, la Fiscalía mantiene su petición que se condene al acusado a una pena de cuatro años de prisión, por el delito de falsedad documental, y al pago de 400.000 euros por el delito de cohecho.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la empresa afectada, reclama, en concepto de responsabilidad civil 2,8 millones de euros por la devaluación que ha sufrido el polígono en este tiempo.

El abogado de ADIF, por su lado, mantiene su postura respecto a que no está demostrada que la demora haya sido causada por el ente público y tampoco comparte la valoración hecha por los peritos de la acusación.

Por su parte, el abogado de la defensa ha anunciado que recurrirá la sentencia de ser finalmente condenado su cliente y ha pedido que, en caso de ser condenado, se aplique la mínima condena posible, que sería de tres años de prisión y 150.000 euros de multa, así como el menor periodo legal de inhabilitación.