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La Junta insiste en que abrirá un expediente informativo a la Cámara de Comercio

Rafael Bados e Ignacio Fernández de Mesa, en el último pleno de la Cámara. MADERO CUBERO

Redacción Cordópolis

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La decisión se debe a la presentación de un escrito de Comercio Córdoba por las presuntas irregularidades en el organismo

Una vez analizada la denuncia presentada por Comercio Córdoba sobre presuntas irregularidades en la Cámara de Comercio, la Consejería de Turismo y Comercio procederá a la apertura de un expediente informativo sobre la Corporación cordobesa. Dicho expediente consistirá en la petición de informes tanto al Consejo Andaluz de Cámaras, en su condición de Corporación de asesoramiento y colaboración con esta Administración Tutelante, a la propia Cámara de Comercio de Córdoba y al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

El comercio de cercanía ha denunciado ante la Junta de Andalucía que se vulneraron los derechos de los vocales que pidieron un Pleno extraordinario de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba con la clara intención de evitar dar explicaciones sobre las irregularidades denunciadas por los medios de comunicación.

En un escrito firmado por el vocal Alfonso Alcaide y entregado hoy, se reclama a la Consejería de Turismo y Comercio que ejerza el papel de tutela que la Ley le adjudica al “haberse vulnerado el principio de funcionamiento democrático que recoge la normativa básica estatal”. Ello obliga, a su juicio, a la Administración tutelante, la Junta de Andalucía, “a suspender la actividad de la Presidencia y del Comité Ejecutivo al haberse trasgredido el ordenamiento jurídico de forma grave y reiterada”.

La denuncia, aparte de facilitar una treintena de documentos sobre las denuncias de irregularidades que a lo largo de dos semanas aparecieron en los medios de comunicación, “que no han recibido respuesta al evitarse que el presidente de la Cámara, Ignacio Fernández de Mesa, su vicepresidente primero, Luis Carreto, y el resto del Comité Ejecutivo fuesen interpelados”, incorpora otras pruebas que demostrarían “la obstrucción del primero de ellos a la labor de los vocales, ya que negó a lo largo de enero y febrero pasado copia de las actas del Pleno y del propio Comité Ejecutivo al vocal que ahora suscribe la denuncia y evitó la presencia de los medios de comunicación en el Pleno extraordinario del 18 de marzo”.

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