La Junta abona el servicio y 20 monitores de Educación Especial conservan su empleo

El decreto Ley 7/2020, aprobado la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, facilita que las empresas puedan seguir pagando salarios y costes laborales a sus empleados durante su cierre mientras dure la crisis sanitaria por el COVID-19. Una de las consecuencias de esta medida excepcional es el mantenimiento en la provincia de Córdoba de 20 monitores de Educación Especial (Ptis) de la compañía SAMU, empresa cuyos trabajadores se dedican a ayudar a niños y niñas con necesidades educativas especiales, según señala la Junta en una nota.

La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Inmaculada Troncoso, ha informado a través de una nota que “la entidad, que emplea en toda la comunidad a casi 800 personas, ha decidido parar el ERTE que tenía en marcha para acogerse a un acuerdo con la Consejería de Educación y Deporte por el que la administración sigue pagando los servicios, pese a que no se presten, mientras dure la suspensión de clases presenciales”.

Ha añadido que “de esta forma, se mantienen los puestos de trabajo y sueldos de una veintena de profesionales en la provincia, lo que es una excelente noticia que demuestra el enorme esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía para estar al lado de los más vulnerables en esta situación insólita”. Troncoso ha animado a que otras empresas del sector se acojan a este acuerdo y ha recordado que para ello hay un requisito indispensable: mantener los empleos.

Troncoso ha reiterado que una de las principales líneas de actuación de la Consejería de Educación y Deporte se centra en la mejora de las condicionales laborales de este sector y en el incremento presupuestario destinado al refuerzo de personal de integración.

“Este curso, los presupuestos de Educación Especial han superado por primera vez en la historia los 400 millones de euros, aumentando en 77 millones respecto a los aprobados por el anterior Ejecutivo en 2018”, ha apuntado la delegada de Educación.

La delegada de Educación recuerda “la determinación del Gobierno andaluz para tomar las medidas necesarias para proteger el empleo en una situación tan compleja como la que vivimos”, con una repercusión especial en el ámbito educativo gracias al Decreto-Ley 7/2020, del 1 de abril, con el que las empresas que mantengan los empleos pueden seguir afrontando los gastos de personal, incluyendo los pagos de los salarios de más de 30.000 trabajadores en Andalucía, mientras dure el estado de alarma y no puedan incorporarse a sus puestos.