La Junta abona 24 millones en prestaciones y servicios de dependencia durante el confinamiento

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta ha abonado en la provincia de Córdoba más de 24,6 millones de euros (24.694.671,08 euros) durante el primer mes de estado de alarma para la financiación de servicios y prestaciones en materia de dependencia.

Según ha indicado la administración autonómica en una nota, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) se está procediendo a los pagos “con total normalidad, no afectando esta situación de mayor dificultad en la gestión ni a los plazos ni a las cuantías abonadas”.

De este total abonado, 2,5 millones de euros se han destinado al pago de las prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia de Córdoba. Para solventar las dificultades ocasionadas en la gestión por la crisis sanitaria, la Assda ha puesto en marcha los mecanismos de teletrabajo necesarios para no interrumpir el pago de las prestaciones económicas a personas en situación de dependencia, siendo abonada con la regularidad habitual la mensualidad correspondiente al mes de marzo, entre los días 1 y 5 del mes de abril.

Según datos a cierre de marzo, 5.981 personas en situación de dependencia cuentan con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en la provincia de Córdoba y 400 personas cuentan con una prestación vinculada a un servicio.

En este importe de prestaciones económicas se incluye el pago de la anualidad 2020 de la cuantía adeudada a las personas beneficiarias en concepto de efectos retroactivos por importe de 548.427,24 euros sin que esta situación de alarma haya afectado a las cuantías ni al calendario de abono previsto.

Esta cuantía es periodificada durante los cinco años siguientes a aquel en que se dictase la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, y se abona en anualidades consecutivas.

Para la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que en Córdoba atiende a 10.483 personas, se ha transferido a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales más de 14,3 millones de euros.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha tenido una respuesta rápida, clara y contundente respecto a la prestación del servicio desde el inicio de esta crisis, cuando mediante Acuerdo de 16 de marzo de 2020, garantizaba la financiación correspondiente al servicio de ayuda a domicilio durante el periodo que duren las medidas excepcionales adoptadas para contener el covid-19.

La financiación será, como mínimo, la equivalente a las liquidaciones correspondientes al mes de febrero de 2020. Con ello se trasladó un claro mensaje respecto a la garantía de prestación del servicio y al mantenimiento del empleo.

Además, se han destinado 6,7 millones de euros al pago del Servicio de Atención Residencial con el que cuentan 3.258 personas en situación de dependencia en Córdoba; más de 987.000 euros al Servicio de Centros de Día que atienden a 1.375 personas dependientes y 46.917,58 euros a respiro familiar.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación adoptó medidas económicas para los centros de día para personas mayores y los centros de día y ocupacionales para las personas con discapacidad a raíz de la crisis por el covid-19, de forma que se garantiza el abono del 80 por ciento de la plaza vinculada al compromiso de la entidad prestadora del servicio de mantener el empleo mientras esté vigente el estado de alarma y a la realización de tareas de seguimiento proactivo de los casos de mayor vulnerabilidad, ya sea de manera presencial o telefónica.

Del total abonado para la financiación de estos servicios (Servicio de Ayuda a Domicilio, Atención Residencial, Centros de Día y Respiro Familiar), más de 14.9 millones de euros han correspondido a las entidades locales, casi siete millones a las entidades del tercer sector y 242.095,39 euros al sector público andaluz.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación “seguirá procediendo regularmente al abono de los servicios y las prestaciones económicas reconocidas a las personas en situación de dependencia en Andalucía, a pesar de la situación de alarma y las medidas excepcionales adoptadas para la contención del covid-19”.