El juez archiva la querella de los Maristas a un funcionario

El magistrado tumba la demanda y da la razón al Ayuntamiento al incluir el camino público de La Palomera en terrenos que reclamaban los religiosos

El juez ha archivado la causa que enfrentaba a los Maristas y el Ayuntamiento a causa del Plan Especial del Castillo de Maimón y, más concretamente, el camino de La Palomera, registrado en el censo municipal de vías públicas de 1884 con el número 41. Para la congregación religiosa no existen pruebas de que ese trazado atraviese su propiedad. No solo eso, sino que consideraba que se había cometido un presunto delito de falsedad y otro de prevaricación por parte de un técnico de la Gerencia, el responsable de la Oficina de Patrimonio, para incluirlo dentro de su propiedad y, de esta manera, motivar la paralización del Plan Especial que afecta su propiedad. Finalmente, el juez ha decidido archivar la causa.

La decisión la ha tomado el titular del juzgado de Instrucción número 6. “No se puede decir que un funcionario público en un informe comete falsedad o prevaricación cuando califica de público o camino privado, mientras dicha titularidad no esté determinada de forma fehaciente y firme por la jurisdicción correspondiente. El técnico no decide la titularidad de los caminos….el técnico no altera los planos originales, ni los modifica, solo los utiliza para su pericia e ilustra la actuación administrativa, que finalmente es la responsable. No prevarica normalmente quien no decide”, escribe en su auto el magistrado.

El asunto ha llevado a declarar a una decena de personas a dependencias judiciales; entre ellos el técnico de Patrimonio, cuatro de Planeamiento, dos de Medio Ambiente y sendos arquitectos por parte de los Maristas, que han discutido sobre la ubicación de la citada vía pública, cuya polémica arrancó el pasado año con una denuncia política de PSOE e IU, que finalmente fue asumida por Urbanismo, que obligó a rectificar el Plan Especial a la congregación.

Para los Maristas, no existían pruebas que acreditasen que ese camino atraviese su finca. Es más, sustentaban su querella contra el funcionario en el hecho de que, presuntamente, se había manipulado un mapa del Instituto Geográfico y Catastral, en el que se había marcado la ruta de ese camino “con pleno conocimiento de causa se ha inventado una nomenclatura nueva”, rezaba el escrito de la querella en el que se explicaba que, a partir de esta presunta falsificación, se sustentaba la paralización del Plan Especial y, por ende, se cometía un presunto delito de prevaricación por parte del funcionario, que en sede judicial defendió su trabajo y el hecho de que ese trazado aparece citado en el inventario de caminos públicos municipales desde 1884.

A esto, el juez argumenta que no existe falsedad “puesto que no se altera ningún documento por parte del perito querellado, sino que se utiliza como base un documento original que interpreta para su informe, elaborando un documento propio”. Por ello, “no significa que haya existido una alteración documental sino que el documento originario permanece incólume y por tanto inalterado, que es tenido en cuenta para la elaboración de sus propios planos e informes técnicos”.