Jueces y fiscales, llamados a la huelga este lunes

Los jueces y fiscales en Córdoba y el resto de Andalucía están llamados este lunes a la huelga de carácter estatal convocada por siete asociaciones de miembros de las carreras Judicial y Fiscal con “el exclusivo fin de conseguir que la Justicia alcance el papel que se merece en un auténtico Estado de Derecho”.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales vuelven a convocar una huelga ante la situación de ambas profesiones.

Es la segunda huelga convocada este año 2018 después de la del 22 de mayo, cuando el número de jueces y magistrados que comunicaron la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) su decisión de secundar la jornada de paro fue de 562 de los 956 destinados en el territorio, lo que supone un 58,5%.

Entonces el motivo fue el incumplimiento y falta de atención por parte de quienes entonces eran responsables de los compromisos adquiridos con las carreras Judicial y Fiscal. En definitiva, “las movilizaciones fueron la respuesta al desprecio y dejadez de nuestros dirigentes hacia nuestras legítimas peticiones, realizadas tanto para la necesaria mejora de la Justicia como para la de nuestras condiciones profesionales”, según un comunicado conjunto de las siete asociaciones.

“Las circunstancias políticas cambiaron de manera rápida y ofrecimos a la nueva titular del Ministerio, Dolores Delgado -perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales-, colaboración y lealtad, si bien le manifestamos que tales ofrecimientos no eran una carta blanca y que nuestras peticiones seguían intactas, vigilando el cumplimiento de aquellas en todo caso”, añade el comunicado.

Tras diversas reuniones y una vez expirados los plazos dados por ambas partes para tener respuestas concretas, “todo continúa igual”, lamentan, añadiendo que “la Justicia sigue denostada”.

En este sentido, indican que en el proyecto de presupuestos para 2019 “nada hace indicar que las partidas para Justicia y salarios de jueces y fiscales aumenten”. La constitución de la Mesa de Retribuciones “se ha intentado subvertir en un organismo burocrático vacío de contenido, con una clara finalidad obstructiva y nada práctica cuando, precisamente, debería ser lo contrario”, señalan.

“Si no existen respuestas, podrán convocarse nuevas medidas”

Por todo lo expuesto, las siete asociaciones de las carreras Judicial y Fiscal, “hemos vuelto a retomar la senda de las protestas y medidas de presión, con el exclusivo fin de conseguir que la Justicia alcance el papel que se merece en un auténtico Estado de Derecho”, concluye el comunicado, advirtiendo de que la huelga de este lunes es la primera de estas movilizaciones, pero si llegado el día no existen respuestas adecuadas “podrán convocarse nuevas medidas de presión en las semanas siguientes”.

En este sentido, las asociaciones de jueces y fiscales mantuvieron este pasado lunes con la ministra de Justicia para estudiar sus demandas. Durante el encuentro, desde Justicia se han recordado las iniciativas planteadas para solventar esta situación como el compromiso para la derogación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que mantienen paralizada los grupos de la oposición, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recupera derechos sociales para jueces y fiscales como los permisos y licencias, o la creación de 80 nuevas plazas de fiscal y 75 nuevas unidades judiciales.

Igualmente, en materia salarial, el Ministerio ha reiterado su propuesta de que sus condiciones retributivas se enmarcan en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo -que afecta a todos los funcionarios de la Administración General del Estado- firmado el pasado 9 de marzo, meses antes de que se produjera el cambio de Gobierno.

Pese a ello, los colectivos convocantes de la huelga han insistido en su necesidad de tener un marco salarial diferenciado respecto del resto de la función pública.

Ante la intención de mantener la jornada de huelga, Justicia comunicó a las asociaciones convocantes que descontará el salario correspondiente a la jornada de huelga a todos aquellos jueces y fiscales que acudan a la convocatoria. Por ello, les ha expuesto la necesidad de establecer un sistema de recuento de todos aquellos miembros que vayan a secundar el paro.

El Ministerio también avanzó que enviaría una comunicación oficial al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado para proponerles que establezcan los servicios mínimos para la jornada de huelga.

“No hay voluntad política”

Con motivo de esta convocatoria, Francisco Gutiérrez, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla y miembro de Foro Judicial Independiente, ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, “la falta de interés” por parte del Gobierno por la Justicia, asegurando que “no hay voluntad política para la adecuación salarial” que vienen reclamando.

Pero no sólo es una cuestión salarial, sino también de sobrecarga de trabajo, de falta de medios y de atasco de la Justicia. “No podemos más y no hay voluntad política por parte de los partidos”, principalmente, PSOE y PP, para dar una solución a esta situación, aunque sí “para repartirse los puestos claves” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “lo único que les interesa”, los puestos claves en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

Ha advertido, por ejemplo, del “colapso” en los juzgados de Violencia de Género en Sevilla, pese a que ahora se ha aprobado un Pacto de Estado en esta materia dotado con “mil millones para cuatro años, habiendo dinero para todos menos para nosotros”. “El día que pase algo quién se va a hacer cargo”, ha planteado.

Los jueces y magistrados “no tenemos jornada laboral, ni horarios, ni permisos laborales, ni conciliación,..., y frente a esto no hay voluntad política”, ha expuesto Gutiérrez, reprochando que desde los partidos políticos que ostentan el poder “las excusas son siempre las mismas, que no hay dinero, pero y para los permisos”, ha cuestionado.

En este sentido, ha resaltado que tampoco se sacan las plazas que se necesitan para sobrellevar la carga de trabajo actual. “Desgraciadamente la Justicia no interesa”, ha reiterado, poniendo como ejemplo de la situación actual que los magistrados, ahora, tienen que escucharse las grabaciones de las declaraciones y de los juicios y tomar anotaciones cuando antes los funcionarios recogían actas y sólo tenían que leer.

Una situación que viene, en parte, causada por el uso de la Justicia para resolver cualquier conflicto social, aumentando la litigiosidad en España. Según el magistrado de la Sección Cuarta (Penal) de la Audiencia Provincial de Sevilla, el ciudadano “no entiende la importancia de la Justicia” en un Estado de Derecho.

Para concluir, ha expuesto como un juez de un municipio que cuente con un único Juzgado, como el caso de Cazalla de la Sierra, cobra un plus de “54 euros a la semana por estar de guardia día y noche de lunes a domingo”.