IU y PSOE ven “afán recaudatorio” en los decretos de parcelaciones

UCOR considera la medida como “acertada” pero la ve insuficiente y plantea la legalización de todas las casas que no estén en suelos de especial protección

IU y PSOE han coincidido en asegurar que la tasa sobre la aplicación del decreto de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) tiene un “afán recaudatorio” y dudan, incluso, que se puedan cumplir las previsiones que ayer avanzó el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín. Martín consideró que el próximo año unas 700 viviendas construidas fuera de ordenación pueden acogerse a este decreto y obtener servicios. Además, podrán se inscritas en el Registro de la Propiedad. Antes, deberán abonar una tasa que en principio está calculada en un 6% sobre el precio de lo construido. Martín ya avanzó que su intención es rebajar esa tasa, pese a que el plan de viabilidad de la Gerencia fía casi todo el sostenimiento económico de la institución a que a través de ella se recauden 1,5 millones de euros.

Tanto el portavoz de IU, Francisco Tejada, como el concejal del PSOE Emilio Aumente han coincidido en considerar que el decreto tiene afán recaudatorio. Tejada ha dicho que ésta es “una tasa que ha creado el PP, ya que la introdujo por vez primera en las ordenanzas de 2012”. Por eso, en el Pleno del mes de julio de 2013 las dos formaciones solicitaron una rebaja del 50% en la tasa “pero el PP rechazó el punto”. Sin embargo, consideran que el gobierno municipal se ha sumado ahora por un afán meramente recaudatorio y aseguran que sus previsiones económicos son difíciles de cumplir, ya que en todo lo que va de año sólo dos parcelas se han inscrito en el AFO y por las que apenas si se han cobrado 30 euros.

Por su parte, la concejal de UCOR Aurora Aguilar consideró la medida como “acertada”, aunque criticó la tasa tan elevada para una población muy castigada por el desempleo. La concejal fue más allá y propuso una reforma de la Ley Orgánica de Urbanismo de Andalucía (LOUA) para que todas las parcelas construidas en el término municipal de Córdoba y que no se localicen en suelos de especial protección puedan ser legalizadas.