Un informe rechaza que las trabajadoras de ayuda a domicilio puedan pasar al Ayuntamiento

“Esto ha sido un engaño y una auténtica tomadura de pelo”. El portavoz municipal del PP, José María Bellido, y la concejala popular María Jesús Botella han pedido este jueves a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que clausure ya la comisión municipal creada para estudiar la municipalización del servicio de ayuda a domicilio después de conocer dos informes, especialmente uno del Área de Personal.

Según este informe, leído y facilitado por el propio Bellido, “el personal de Clece no se puede subrogar en el Ayuntamiento ni con la ley de presupuestos, ni aplicando el Estatutos de Trabajadores ni con convenio colectivo”. El Ayuntamiento creó, principalmente por la exigencia de Ganemos, una comisión para estudiar la posibilidad de integrar en la plantilla municipal a las casi 900 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Para ello, ha pedido informes municipales, que ya están listos. El primero, de Personal, descarta la subrogación de estas trabajadoras, que aseguran que para formar parte de la plantilla municipal “tendría” que cumplir la igualdad, el mérito y la capacidad“ exigida por la ley. Es decir, pasar un examen.

El segundo informe es económico y señala que si el Ayuntamiento asumiera este servicio su coste se dispararía un 110% con respecto al actual. “¿Conclusión? Que de ningún modo se puede hacer esto que va contra el sentido común”, ha denunciado Bellido en rueda de prensa.

“Esto ha sido un camelo de principio a fin y que hoy se cae. Que se cierre esta comisión de inmediato y que pidan perdón a las empleadas de Clece porque las han engañado. Que se dediquen a los problemas reales, porque los hay y muchos”, ha concluido Bellido.

La municipalización de la ayuda a domicilio enfrentó en el pasado al PSOE, que no lo veía posible, con IU y Ganemos. El exconcejal de IU Rafael del Castillo fue el más beligerante y llegó a plantear su dimisión en varias ocasiones si no se seguía adelante con la municipalización. Finalmente, acabó dimitiendo, aunque el Ayuntamiento puso en marcha la creación de esta comisión municipal.

Por otra parte, el concejal popular ha denunciado que la Junta de Andalucía debe mucho dinero al Ayuntamiento por la prestación de este servicio. En concreto, el líder de la oposición municipal asegura que el gobierno andaluz no ha pagado nada desde junio, un débito que se cuantifica en seis millones de euros “que ha tenido que adelantar el Ayuntamiento”.