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¿Cómo han cambiado los límites de la provincia de Córdoba?

División en señoríos de la Córdoba cristiana.

Alfonso Alba

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Desde la República de Roma hasta la actualidad, el territorio gobernado por la ciudad de Córdoba ha crecido y ha menguado desde ser capital de un estado hasta convertirse en una pequeña provincia que luego regresó como Reino

Córdoba es una de las ciudades más antiguas de Andalucía. Claudio Marcelo la fundó (junto a lo que se sospecha que ya era una ciudad ibera) en el siglo II antes de Cristo. Desde entonces, Córdoba ha sido la capital de un territorio que ha ido menguando y creciendo de manera constante en la Historia. Hoy, 2.200 años después, Córdoba es la capital de una provincia de 13.550 kilómetros cuadrados de extensión, que agrupa a un total de 75 municipios y en la que viven cerca de 800.000 personas. Es capital de una de las ocho provincias andaluzas y de las 50 españolas. Pero en estos 2.200 años sus límites han cambiado mucho. Eso sí, en todos estos años la ciudad siempre ha sido la capital, de una provincia romana (equivalente a una comunidad autónoma actual o a una especie de estado dentro de una república federal), de un Califato, de una cora, una taifa, un reino y una provincia.

La primera organización administrativa del territorio peninsular la realizaron los romanos. Córdoba, que se cree que llegó a pertenecer a Tartesos antes de la llegada de los romanos, se convirtió al poco de su conquista en la capital de la provincia de la Bética, una de las más importantes de la República romana, primero, y del Imperio, después. Su emplazamiento, en una zona a la que se podía llegar navegando río Guadalquivir arriba (durante la mayor parte del año), en el centro de una extensa y fértil zona del Sur de la Península fue el lugar elegido por los romanos para emplazar su capital.

Según consta en el Atlas de Andalucía que en su día editó la Junta, en época de la República, en el año 197 antes de Cristo, se establece la primera división territorial de la Península Ibérica bajo dominio romano, que queda delimitada entre Hispania Citerior e Hispania Ulterior. Esta última comprende el Occidente peninsular, con la actual región andaluza. La capital se establece en Corduba (Córdoba). Esta organización, que se ratificó en el año 133 antes de Cristo, regulándose mediante la Lex provinciae, que estuvo vigente hasta el siglo I antes de Cristo.

La Bética abarcaba la mayor parte de Andalucía y se extendía desde el Guadiana, al Oeste, y las cercanías de Mérida, por el Norte, hasta más allá del cabo de Gata, al Este. Hacia los años 13-7 antes de Cristo se modificaron los límites orientales de la Bética, que cedió a la Tarraconense un amplio sector entre la cabecera del Guadalquivir y la costa de Almería. Por tratarse de una región pacificada y muy romanizada, la Bética fue declarada provincia senatorial. Su capital radicaba en Córdoba. Internamente, se dividió en cuatro conventos jurídicos o circunscripciones con capitales en Corduba (Córdoba), Astigi (Écija), Hispalis (Sevilla) y Gades (Cádiz).

A diferencia de hoy, el convento de Corduba no se correspondía con la provincia actual. Al contrario, Astigi dominaba lo que hoy es la zona Sur de la provincia (del Guadalquivir hacia el Sur). Corduba se extendía hacia el Norte, prácticamente hasta los límites de Emerita Augusta (la actual ciudad de Mérida).

El esquema provincial establecido en época de Augusto –Bética, Lusitania y Tarraconense– persistió hasta las reformas administrativas emprendidas por Diocleciano a fines del siglo III después de Cristo. Las anteriores provincias se subdividen dando lugar a cinco: la Tarraconensis al nordeste y, desgajada de ésta, la Gallaecia, al noroeste, y la Cartaginensis, con capital en Carthago Nova, que comprende el sector oriental de la Andalucía actual; las provincia Bética y Lusitania mantienen aproximadamente sus límites. Córdoba sigue siendo la capital de la Bética.

LOS VISIGODOS

Tras el establecimiento del dominio visigodo en el siglo V en la mayor parte de la Península, a mediados del siglo VI el imperio de Bizancio implanta su poder en las tierras meridionales y crea la Provintia Spaniae, que abarca gran parte de la actual Andalucía y todo el sector mediterráneo. Esta provincia bizantina se reduce paulatinamente hasta desaparecer en el primer cuarto del siglo VII.

Córdoba dejará de ser capital al final del dominio de los visigodos. La capital de la Bética pasó a ser Hispalis, la actual Sevilla, aunque en una etapa un tanto difusa de la historia de la Península, que pasa a dividirse en territorios. Córdoba siguió manteniendo su influencia sobre un territorio próximo que aún hoy es difícil de identificar.

PERIODO ISLÁMICO

En el siglo VII, Córdoba se convierte al Islam. La ciudad aparece, desde el principio, como una de las capitales más importantes de la provincia, llegando a ser en el siglo X la capital (casi siempre en precario) del Califato de Córdoba. Respecto a su organización, cuando el estado hispanoárabe alcanza su auge durante el califato omeya en el siglo X, el interior de Al-Andalus aparece dividido en coras o circunscripciones provinciales. Estas unidades de finalidad gubernativa, militar y fiscal constaban de una capital y de un territorio circundante que, a su vez, se subdividía en distritos (iqlim), con una población principal a la cabeza de otros núcleos, y las alquerías que eran la entidad básica del poblamiento.

En esta estructura se señalan el papel central, aunque a menudo precario, de la capital omeya, Córdoba. Con la descomposición del califato de Córdoba a principios del siglo XI, Al-Andalus se fragmenta en pequeños reinos independientes o taifas, basados en las principales ciudades y sus territorios circundantes, cuyo ámbito se aproxima a menudo al de las coras. La cora de Córdoba se extiende, ahora sí, por un territorio similar al actual. La provincia no es tan alargada como ahora, sino más redonda. Incluye, así, lo que hoy se corresponde con Écija y toda la zona Norte actual. No obstante, hay un periodo en el que la cora de Córdoba se reduce. Así, aparecen la cora de Écija, la de Córdoba y otra en el Norte llamada de Fahs All Balluh.

Cuando los cristianos conquistan Toledo en 1085, Sevilla se ha convertido en el principal reino de taifas a costa de numerosos principados vecinos, entre ellos el de Córdoba, que pasa a ser dependiente.

LA CONQUISTA CRISTIANA

La incorporación a la Corona de Castilla del sur de la Península se inicia con la ocupación del alto Guadalquivir y sigue el eje de este río, con las tomas de Baeza (1226), Córdoba (1236), Jaén (1246) y Sevilla (1248) como hitos. El proceso desemboca en la articulación de los reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla, cuyos límites son el complejo resultado de las vicisitudes de conquista y los condicionantes geográficos (barreras, pasillos naturales...) e históricos (líneas defensivas, jurisdicciones, ámbitos episcopales...), de la distribución de los principales núcleos de población, con sus consiguientes atribuciones y áreas de influencia, y de la presencia de la frontera con el emirato nazarí.

Es entonces cuando el Reino de Córdoba se distribuye territorialmente en una superficie muy similar a la actual, pero con alguna curiosidad. Es el caso, por ejemplo, del Condado de Belalcázar, en el Norte, que pertenecía a Extremadura (estuvo así hasta entrado el siglo XIX), o los señoríos de Belmez y Villafranca, núcleos de población que pertenecían al Reino de Jaén. Eran como una especie de condado de Treviño (una zona perteneciente a Burgos dentro del País Vasco). De hecho, la superficie del Reino de Córdoba se extendía sobre unos 12.000 kilómetros cuadrados, 3.000 menos que en la actualidad.

LOS CUATRO REINOS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

A mediados del siglo XVIII los cuatro reinos ocupan 84.430 kilómetros cuadrados, unos 2.800 menos que la Andalucía actual. Aún en esos años, Belalcázar e Hinojosa del Duque estaban adscritos a Extremadura. No obstante, se produce una curiosa prolongación del reino de Córdoba hasta Chillón, en la actual Castilla La Mancha, provincia de Ciudad Real. Las reformas de los gobiernos borbónicos del siglo XVIII afianzan las estructuras estatales y su organización territorial. Se establecen las intendencias (1718, 1749), con límites que se ajustan a las provincias, o reinos, y sedes en sus respectivas capitales.

LA DIVISIÓN PROVINCIAL DE 1833

La maraña de jurisdicciones y demarcaciones, la complejidad de divisorias, los desequilibrios territoriales y demográficos, motivan que en el siglo XVIII los ilustrados se planteen la reorganización territorial como una necesidad perentoria para la modernización político-administrativa. Desde fines de la centuria se encadenan una serie de proyectos y disposiciones que son el nexo de unión entre la heterogeneidad del mapa del Antiguo Régimen y la uniformidad de las divisiones provinciales del régimen constitucional, hasta la de 1833, que, con mínimas variaciones, ha llegado hasta hoy.

A principios del siglo XIX se produce un maremagnum político en España con la invasión francesa, que conlleva también una revolucionaria reorganización de las provincias. Así, el rey José I decreta la división de España en 38 prefecturas. El territorio andaluz se reparte en seis, con una sección incorporada a Murcia, que muestran pervivencias e importantes novedades en los límites (Écija pasa a Córdoba, Osuna a Málaga...) y capitales (Jerez en lugar de Cádiz). Se subdividen en tres subprefecturas, una para la capital y otras dos adicionales. Las provincias, además, cambian de nombre para no relacionarlas con los antiguos reinos ni con las capitales. Así, el territorio que hoy ocuparía Córdoba se llamó Guadalquivir y Guadajoz.

Tras la expulsión de los franceses, la propuesta para el primer gobierno constitucional contempla 44 gobernaciones. El ámbito andaluz se divide en seis superiores, con límites y capitales que remiten a los reinos y provincias marítimas, y dos subalternas (Écija y Guadix) dependientes de Sevilla y Granada. El proyectó se descartó con la vuelta del absolutismo en 1814.

La partición provincial se perfila en el Trienio Constitucional con el proyecto de 1821 de F. Bauzá y J. A. de Larramendi, base del aprobado por las Cortes en 1822, en los que, bajo criterios de superficie y medio físico, población, riqueza y respeto a los límites tradicionales, el espacio andaluz se articula en ocho provincias. Como novedad, se delimita una en el extremo occidental y se afianza otra en el oriental, aún con titubeos en cuanto a sus límites y capitales.

Con estos precedentes, la división provincial definitiva de 1833 establece 49 provincias. Ocho corresponden al territorio andaluz, nombradas según sus capitales (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla), con unos límites que en su mayoría coinciden con los de 1822. Frente a etapas anteriores, resaltan el reparto de los reinos de Sevilla y Granada, el trasvase de salientes (Fregenal, Chillón) a Badajoz y Ciudad Real, las incorporaciones en las divisorias septentrionales (Arroyomolinos, Guadalcanal, áreas de Hinojosa y Segura), la asimilación de enclaves interiores, y el paso de los sectores de Antequera de Sevilla a Málaga, y de Grazalema del reino de Granada a la provincia de Cádiz.

PROPUESTA DE ESTADOS FEDERALES

La propuesta de una organización en estados federales elaborada en 1873 durante la I República es representativa del sentido de la regionalización que deriva de la división provincial, con dos grandes áreas –Andalucía Alta y Baja– polarizadas por las ciudades de Granada y Sevilla. Córdoba se adscribía a la Andalucía Alta. La propuesta no llegó a cuajar, pues la I República apenas duró 11 meses.

La provincia de Córdoba se mantuvo estable hasta la actualidad. Tanto en la II República, como en el franquismo, como en la restauración democrática de 1978, la provincia se mantuvo inalterable. También su organización, con la Diputación como sede en la que están representados los 75 ayuntamientos.

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