La firma que auditó el alumbrado, en la Púnica

La empresa que auditó las necesidades de eficiencia energética en el Ayuntamiento de Córdoba, Creara Consultores S. L., está siendo investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que desde otoño del año pasado trata de desenmarañar lo que ha venido en denominar como la trama Púnica. Según consta en el sumario, cuyo secreto se ha levantado de manera parcial, la Guardia Civil ha reclamado a la Agencia Tributaria información sobre esta empresa, que relacionan directamente con la multinacional Cofely, que está en el epicentro de la trama. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Eloy Velasco.

El 26 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento firmó un contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Creara Consultores S. L. y la firma Inersur, para la asesoría y auditoría de las necesidades de eficiencia energética del alumbrado público de la ciudad. Según consta en un oficio de la Guardia Civil dirigido al juez Eloy Velasco y fechado el pasado 8 de junio, los agentes que dirigen la investigación quieren saber si Creara era una empresa pantalla o no, y si guardaba algún tipo de relación directa con Cofely. El periodo para el que se solicita información tributaria alcanza cinco años, entre 2010 y 2014, ambos ejercicios inclusive.

La operación Púnica, dirigida por la Guardia Civil y por el juez Eloy Velasco, se inició el 27 de octubre de 2014. Ese día, los agentes detuvieron al exsenador y exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, junto a varios alcaldes madrileños y el presidente de la Diputación de León. También fueron arrestados varios conseguidores de contratos públicos, como el cabecilla David Marjaliza y responsables de la multinacional francesa Cofely, entre ellos Pedro García Pérez. Este periódico avanzó ayer que el propio García Pérez, acusado por el juez de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de documentos, utilización de información confidencial, malversación y fraude, llegó a realizar contactos en Córdoba.

En el sumario, al que ha tenido acceso este periódico, se menciona varias veces a la empresa Creara Consultores S. L. Así, en los pinchazos que realiza la Guardia Civil tanto a los teléfonos de Marjaliza como de Pedro García Pérez se alude a diversas reuniones que han mantenido con esta compañía. De hecho, en una conversación telefónica que mantienen García y Marjaliza el 8 de julio de 2014 se alude a que el primero “ya ha hablado con Creara” y ha cerrado un acuerdo. Igualmente, el 10 de septiembre de ese año vuelven a hablar por teléfono y a ser escuchados por la Guardia Civil. Ese día hablan de una cita ya cerrada con Creara Consultores.

El 26 de septiembre posterior, en un nuevo pinchazo telefónico entre Pedro García y un tal Manuel, se vuelve a aludir a Creara y se da el nombre de uno de sus responsables, un tal Rodrigo. En esa conversación también se menciona un negocio que realizó Cofely con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el hospital comarcal Valle de los Pedroches de Pozoblanco. Efectivamente, Cofely firmó un contrato con la administración andaluza en 2013, después de presentarse a otros tantos concursos públicos.

La relación de Creara Consultores con ayuntamientos madrileños ya ha levantado suspicacias políticas. Es el caso del Ayuntamiento de Alcobendas, donde su Consistorio, dirigido entonces por el popular Ignacio García de Vinuesa, contrató con Creara la revisión y el asesoramiento en los pliegos de contratos de servicios energéticos. Después de trascender el nombre de la empresa en el sumario, el PSOE de esa localidad madrileña ha reclamado que se den explicaciones.

¿CÓMO FUE EL CONTRATO DE CREARA EN CÓRDOBA?

Todo arranca con la obligación que impone la Unión Europea para fomentar que las ciudades sean sostenibles energéticamente. Es lo que se conoce como la directiva 20/20/20 (relacionada con las tasas de ahorro, el uso de energías renovables y eficiencia energética) y que deberán cumplir los ayuntamientos antes de 2020. Para ello, este plan cuenta con la financiación del Fondo Europeo de Inversiones, en el que se cuenta con la colaboración de varias entidades bancarias, entre ellas el Deustche Bank. La condición es sencilla: se abre la vía de la financiación, con un mínimo de cinco millones, y por cada euro que se preste, el Ayuntamiento debe invertir 28,8 euros en el proyecto (tasa de apalancamiento). De la misma manera, el contrato obliga a realizar una auditoría energética en la que detectar las necesidades en materia de eficiencia energética de las ciudades que se acojan a este fondo.

¿Qué pide Córdoba? Según la información facilitada en su día, el Ayuntamiento de Córdoba acepta estas condiciones y solicita una financiación de 754.240 euros para la auditoría, lo que automáticamente genera una obligación de inversión superior a 14 millones de euros. ¿Cómo se afronta esta inversión? Hay dos opciones: o bien desde los propios medios municipales o a través de una empresa privada. Dadas las limitaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Ayuntamiento de Córdoba opta por la segunda opción y formaliza la adjudicación del contrato de auditoría a la UTE Creara-Inersur el 26 de diciembre de 2013, tal y como figura en su propia web.

A partir de aquí, la empresa encargada de la auditoría es la que saca el pliego de condiciones que permite establer un techo de gasto (en el caso de Córdoba de nueve millones) durante un periodo de tiempo determinado (14 años) que además coincide con la vida útil de las luminarias por lo que, una vez amortizadas, toca reponerlas asegurando el mantenimiento del servicio.

Éste es el contrato que el nuevo gobierno local paraliza en una de sus primeras decisiones. Por el momento el Ayuntamiento se ha acogido a la prórroga prevista en el contrato, que expira en octubre, aunque todo apunta, y más tras las revelaciones sobre la Púnica avanzadas por este medio, que la decisión está tomada y que será dar carpetazo a este contrato y devolver los poco más de 750.000 euros financiados por el Deustche Bank para el proyecto de auditoría.