Un fallo en la grabación obliga a un acuerdo en la causa a los narcos

Los registrosaudiovisuales de la primera vista del juicio se han perdido y el tribunal ha propiciado importantes reducciones de penas para los 21 acusados con el fin de evitar prolongar el proceso | Solo uno de los imputados no ha aceptado el pacto y ha preferido ser juzgado

Cuatro años de investigación policial y de instrucción judicial para sentar en el banquillo a 21 acusados de narcotráfico han terminado en poca cosa debido, en buena medida, a un problema técnico. La primera vista de esta macrocausa en el que es fiscal pedía 121 años de cárcel en total, no se grabó. Es decir, los registros audiovisuales del juicio de este martes, con las declaraciones de las dos decenas de acusados, se han perdido. Por tanto, no hay constancia de lo que dijeron. De este enorme contratiempo han tenido constancia hoy las partes que, han logrado presionar a la Fiscalía para que acepte el acuerdo que el día anterior había rechazado. Así, el Ministerio Público ha aceptado importantes reducciones de condenas a cambio de acortar un proceso judicial que se antojaba agónico.

Y es que el tribunal ha planteado a los letrados que para cerciorarse de que efectivamente la información audiovisual se ha perdido, los técnicos requieren de un mínimo de dos semanas. Eso supone que el juicio solo se reanudaría pasado ese tiempo y siempre a expensas de las respuestas legales que cada uno de los abogados de los 21 acusados, juntos y por separado, pudiesen plantear. El lío era potencialmente tan enorme, que se ha preferido optar por la vía segura y aceptar el acuerdo.

De entrada, el fiscal ha retirado los cargos de banda organizada. Eso ha favorecido de que por ejemplo, los dos acusados de ser los cabecillas de sendas organizaciones de narcotraficantes -que presuntamente importaban y distribuían hachís desde Marruecos- hayan visto reducidas sus peticiones de penas de 13 a 3,5 años de cárcel.

Los dos acusados a los que se les pedían ocho años han aceptados penas de dos años. De los 15 acusados con peticiones de cinco años cada uno, 10 han aceptado dos años de cárcel; dos imputados han sido absueltos y otros dos han aceptado penas de un año de cárcel. Al acusado restante, el fiscal le ha ofrecido una pena de un año y medio de cárcel pero solo no lo ha aceptado y ha preferido someterse a juicio. A otros dos acusados que les pedían dos años también han sido absueltos.

La investigación

La macrocausa era el resultado de una compleja investigación policial que se inició el 18 de julio de 2013 cuando se detuvo a un comprador de droga. Las pesquisas se prolongaron hasta principios de 2014. Como resultado se comprobó la presunta existencia de un grupo dedicado a la venta y distribución de hachís y marihuana en Córdoba capital.

La banda estaba integrada por cinco españoles que, según la Policía, no solo recibían la droga importada de Marruecos, sino que también se dedicaban al cultivo de maría en una parcelación de Las Perlas. Esta plantación estaba atendida por la madre del cabecilla de la trama, quien también está acusada.

La investigación desarticuló la presunta segunda trama, integrada por 15 personas de nacionalidad marroquí. Su líder trataba directamente con el cabecilla de la trama de distribución cordobesa, de quien era uno de sus principales suministradores de droga.

La banda tejió, según las pesquisas, una compleja red de importación de droga que partía de Tánger y llegaba a España por Almería y Málaga. El entramado contaba con una supuesta red de pisos donde los muleros excretaban la droga.